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En defensa de estudiantes que protestaron en San Ramón, exdiputado pide declarar inconstitucional norma que castiga bloqueos

El juicio seguido contra cuatro estudiantes acusados de obstruir una carretera en San Ramón de Alajuela, programado para el pasado…

Por Paulo Villalobos

Tiempo de Lectura: 2 minutos
En defensa de estudiantes que protestaron en San Ramón, exdiputado pide declarar inconstitucional norma que castiga bloqueos
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El juicio seguido contra cuatro estudiantes acusados de obstruir una carretera en San Ramón de Alajuela, programado para el pasado lunes, fue suspendido.

La oficina de prensa de la Corte Suprema de Justicia confirmó a El Observador, que el Tribunal de Flagrancia de San Ramón admitió una gestión del defensor de los imputados, Edgardo Araya, exdiputado del Frente Amplio.

Araya pidió aguardar por la resolución de una acción de inconstitucionalidad presentada contra el delito de obstrucción de vías, el cual se le achaca a los estudiantes. El recurso también lo formuló el excandidato presidencial.

La Sala Constitucional confirmó que el recurso se encuentra en la fase de estudio de admisibilidad.

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“Atentatorio contra la democracia”

El exdiputado Edgardo Araya durante una actividad proselitista el 13 de enero de 2018. (Cortesía Edgardo Araya)

Según el exlegislador Araya el artículo 263 bis. del Código Penal violenta la Constitución Política, al limitar las libertades de expresión y de reunión.

Dicha norma establece:

Se impondrá pena de 10 a 30 días de prisión a quien, sin autorización de las autoridades competentes, impidiere, obstruyere o dificultare, en alguna forma, el tránsito vehicular o el movimiento de transeúntes.

“La forma en la que está redactado el artículo hace que sea delito, diay, básicamente, ir caminando al lado de la calle, porque podría entenderse como entorpecer de alguna forma el tránsito”, manifestó el excongresista.

A criterio del abogado, el artículo deja un margen de discrecionalidad a las autoridades, en el tanto es necesaria una autorización para hacer una protesta.

“Entonces básicamente lo que pasa es que sancionan el hecho de manifestarse y eso es atentatorio contra la democracia y eso solo en una dictadura puede existir, y por eso es que estamos impugnando”, concluyó Araya.

En promedio, una acción de inconstitucionalidad tarda unos dos años en ser resuelta por el Tribunal, de acuerdo con el excongresista.

Gases y persecuciones

Los hechos que se le atribuyen a Madrigal, Betancourt, Rojas y Bwdny -estudiantes de la Universidad de Costa Rica (UCR), como confirmó su representante Edgardo Araya- tienen que ver con un bloqueo levantado la madrugada del 22 de noviembre de 2019 en el cruce de la ruta uno, a la altura de Santiaguito de San Ramón.

Dicha intervención estaba a cargo de la Fuerza Pública y se dio de forma simultánea a otra que tuvo lugar en San Pedro de Montes de Oca, San José.

Los encartados y otro grupo de miembros del Frente Autónomo Interuniversitario (FAI) se manifestaban contra el proyecto de Presupuesto Nacional 2020, que se aprobó ese mismo día en la Asamblea Legislativa. Alegaban recortes en las partidas para los sectores sociales.

Al momento del levantamiento del bloqueo, la policía utilizó gases lacrimógenos y persiguió a un grupo de protestantes por una montaña en la zona. Finalmente, a los acusados se les aprehendió – sin necesidad de detención – y se les inició un proceso judicial expedito que se denomina “de flagrancia”.

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