Hermes Solano
La decisión del Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública de eliminar el arresto domiciliario y la utilización del brazalete electrónico de los empresarios Carlos Cerdas y Mélida Solís, dueños de MECO y H. Solís generó una reacción inmediata del Ministerio Público.
El mismo lunes por la noche, cuando se definió la situación jurídica de ambas personas, involucrados en el Caso Cochinilla, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción apeló la decisión.
Ahora se debe esperar a que el Tribunal Penal programe una nueva audiencia para ver esa apelación y definir si la acoge o mantiene la decisión del juez.
Tanto Cerdas, como Solís se hicieron presentes este martes a la oficina de monitoreo electrónico, en el Ministerio de Justicia y Paz para que les retiraran la tobillera.
El dueño de MECO lo hizo en horas de la mañana, según lo confirmó el abogado Erick Ramos; por su parte, a eso del mediodía llegó Solís, confirmado por su representante legal, Erick Gatgens.
“En efecto, ella alrededor del mediodía andaba realizando la gestión para que le quitaran el brazalete”, indicó el abogado.
Ambos empresarios mantienen algunas medidas cautelares que deben seguir cumpliendo en el proceso:
- -Impedimento de salida del país
- -Entrega de pasaporte
- -Prohibición de tener contacto con testigos
Además, se enviaron oficios tanto a Migración y Extranjería, como a Aviación Civil para que no se emitan nuevos pasaportes y se prohíba el uso de hangares en los aeropuertos.
¿Hipótesis caída?
Erick Gatgens conversó este martes con El Observador, asegurando que lo logrado en la audiencia es una victoria para ellos en un proceso lento y en el que considera que lo hecho con sus clientes no se apegó a la realidad del caso.
El lunes, Erick Ramos señaló que el juez que eliminó las medidas cautelares argumentando que la hipótesis de las autoridades judiciales de que hubo una malversación de 78.000 millones de colones en el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi).
“Este tema del daño fue deformado, dando un panorama distorsionado a la opinión pública, generando un daño a nuestros clientes”, mencionó el abogado de Cerdas.
Gatgens afirmó que este tema de ese dinero se volvió irrelevante en el caso y que incluso el Ministerio Público ya no lo menciona.
“Ese era un tema que desde larga data veníamos discutiendo y lamentablemente fue la razón para que el Tribunal Penal haya revocado la resolución inicial y enviara a prisión a mi clienta”, dijo.
“Es un tema que no tiene discusión, que se volvió irrelevante y el Ministerio Público ni siquiera lo ha discutido. Ese monto nunca tuvo nada que ver en este caso”, añadió.
El Caso Cochinilla “reventó” el 14 de junio de 2021 y que dejó alrededor de 78 personas detenidas entre funcionarios públicos, empresarios e intermediarios, en el que al parecer desde MECO y H. Solís, así como otras empresas, se dieron dádivas para favorecer contratos y aligerar la entrega de dineros para proyectos.
Lento proceso
Después de un año y tres meses, el avance es poco. Hay una fila de apelaciones presentadas ante el Juzgado Penal de Hacienda sobre las resoluciones de audiencias y la investigación.
“Es un proceso lento, Ministerio Público dice que ya lo tiene avanzado, pero lo veo poco probable. Es un proceso complejo donde hay mucha prueba que analizar, muchos testigos”, indicó Gatgens.
Ya con su clienta en libertad, el abogado dice que eso les dará tranquilidad para llevar de una manera más tranquila todas las etapas que se vienen para seguir armando la defensa del caso.
“Lo que le permite a la defensa es concentrarse en lo más importante, que es la discusión de los hechos. Tenemos evidencia contundente que varios de los hechos que se atribuyen no tienen fundamento”, finalizó el abogado.
