Tomás Gómez
Poco menos de dos horas duró la primera jornada de la audiencia del caso mediáticamente conocido como “Cementazo”, que definirá si el proceso escala hasta un juicio.
La cita estaba programada para las 8:00 de la mañana, este lunes, en los Tribunales del II Circuito Judicial, en Goicoechea, pero empezó pasadas las 9:00 por la vía virtual. Así se mantendrá por el resto del trámite.
Desde el inicio comenzaron las observaciones de problemas con al menos dos defensas.
El caso que se conoció surge en la Defensa Pública. Ahí hay un funcionario que ya tenía un representado a cargo, pero el viernes, estando de vacaciones, se le encargó asumir una representación más. El caso se agrava pues según explicó, se trata de personas con dos perfiles contrapuestos dentro del caso, lo que podría afectar el derecho a la defensa.
Para solventar los inconvenientes, se fijó un primer plazo de 5 días hábiles. En ellos se tendrá que nombrar a los abogados faltantes, además de permitirles estudiar el caso y generar sus estrategias.
Las partes están convocadas para el próximo lunes a una cita en la que la jueza definirá la fecha oficial de continuación.
5 meses para definir escenario
El caso del cemento chino lleva años en investigación y se ha divido en varios segmentos, según las prácticas analizadas.
Eso sí, destaca el expediente bajo análisis actualmente, que es identificado como el principal y que analiza el financiamiento que dio el Banco de Costa Rica para traer el material de construcción.
Como investigados figuran el empresario Juan Carlos Bolaños y personas que trabajaban en sus empresas (de apellidos Rojas y Cortés).
También, forman parte del expediente la expresidenta del BCR, Paola Mora, junto a otras personas que dirigían áreas de la institución, de apellido Viquez, Corrales, Barrantes y Ramírez.
El trámite actual se encargará de determinar si hay suficiente sustento como para hacer un juicio.
Está a cargo la jueza Andrea Rodriguez. La Fiscalía está representada por Carlos Rodríguez; de la Procuraduría están Eimy Román y el Banco, por su parte designó como su gestora a Ana Francis Marín.
Reservas de los imputados
Los imputados, por su parte, recurrieron algunos a abogados particulares y otros a la Defensa Pública.
Entre el grupo, se mantienen los cuestionamientos a cómo han procedido las investigaciones y el sustento para la acusación.
Gerardo Huertas, representante de Corrales y Barrantes, fustigó el rol que ha traído Fiscalía. Al ente le endilga problemas al inicio del proceso, que ahora impactan al caso.
“La Fiscalía se ha caracterizado por detener y pedir prisión en automático; de forma apresurada y arbitraria y sin realizar una investigación real”, afirmó.
“La acusación presentada en contra de todos los imputados sin diferenciación alguna es una muestra más de la temeridad con la que ha venido actuando el Ministerio Público”, sumó.
