Manuel Sancho
La Universidad de Costa Rica (UCR) anunció que recibió la aprobación de la Contraloría General de la República (CGR) para un primer presupuesto extraordinario por ¢48.789 millones. Según el centro educativo los recursos servirán para ajustarse a los planes y las necesidades del 2020.
La UCR, al igual que las restantes casas de educación superior públicas, trabajan en el 2020 con el mismo presupuesto del 2019. El año pasado, la Contraloría archivó sin trámite los planes de gasto de las entidades, debido a que incumplieron la regla fiscal contemplada en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
Pero ahora tendrán recursos frescos, en plena emergencia por COVID-19 y mientras no se están realizando clases de forma presencial. “La institución ya cuenta con los recursos correspondientes para ajustar lo establecido para el 2020”, celebró la UCR en un comunicado de prensa.
Según la entidad una parte de los ¢48.789 millones se distribuirá entre las distintas instancias universitarias, para completar el monto original de cada partida presupuestaria definida para este año.
En enero, cuando señaló que buscaría presupuestos extraordinarios, la Universidad avisó que buscará imponer su voluntad de pagar beneficios salariales con un crecimiento igual al que siempre lo ha hecho.
En ese momento la institución aseguró que dicho presupuesto extraordinario será para pagar ajustes salariales, incluyendo los pluses y anualidades, de forma retroactiva.
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Segundo en camino
Tras la aprobación del presupuesto ordinario (mismo del 2019), se hizo un giro parcial de recursos a cada unidad o instancia académica, que ahora se completará con el dinero aprobado por la CGR.
Carlos Araya, vicerrector de Administración, dijo que otra gran parte de los recursos está destinada a proyectos de inversión y a pago de contratos que mantiene la UCR desde el periodo pasado.
“Esta es una muy buena noticia pues nos permite honrar los compromisos de pago con proveedores y con proyectos que se venían desarrollando desde el año anterior”, afirmó Araya.
La UCR enviará a la Contraloría un segundo presupuesto extraordinario, una vez aprobado por el Consejo Universitario.
La Universidad de Costa Rica trabaja este año con un presupuesto de más de ¢291 mil millones. El 73,25% del monto se usa para pagar salarios a 9.969 funcionarios, que conformaban su planilla a diciembre del 2019, según detalló la casa de enseñanza a El Observador a inicios de año.
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Protestas y tensiones
En su proceso de reclamos y manifestaciones, en octubre del 2019 los rectores se reunieron con el presidente Carlos Alvarado y lograron que cediera a sus pretensiones. (Presidencia)
El 19 de diciembre del 2019, la Contraloría informó que archivó sin trámite los planes de gasto del Consejo Nacional de Rectores (Conare) y las universidades de Costa Rica, Nacional (UNA), Estatal a Distancia (UNED) y Técnica Nacional (UTN), así como el Instituto Tecnológico (ITCR).
Esto por cuanto no siguieron lo ordenado en el artículo 19 del cuarto título de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, que establece límites al crecimiento del gasto.
El ente contralor explicó que las casas de enseñanza se negaron a presentar ante la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria (STAP), información que se le solicitó a todas las instituciones del sector público no financiero, con la cual se puede certificar o no el cumplimiento de la regla fiscal.
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A finales del año pasado, el rector del Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC) y nuevo presidente del Consejo Nacional de Rectores (Conare), Luis Paulino Méndez, dijo a El Observador que el presupuesto es suficiente, pero se necesitaban ajustes.
Las universidades estatales insisten en que la reforma fiscal, en el apartado de la regla fiscal, no les atañe y tienen derecho a incumplirla. Por eso acudieron a la Sala Constitucional, para evitar acatarla en sus presupuestos.
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Aclaración de la Contraloría General de la República
En relación con lo señalado en el El Observador , sobre el presupuesto ordinario y extraordinario de la UCR, es relevante aclarar que la CGR procedió a archivar sin trámite el presupuesto ordinario de la UCR del año 2020, por no cumplirse con un requisito básico para su análisis en esa oportunidad, como fue la no existencia de la certificación de la Autoridad Presupuestaria relacionada con dicho presupuesto. Dicho archivo sin trámite no fue porque la CGR hubiese determinado un incumplimiento de la regla fiscal por parte de la UCR.
Bajo este contexto, la UCR presentó a la CGR a inicios de marzo, para su respectivo análisis, el presupuesto extraordinario Nro 1,el cual luego del análisis correspondiente fue aprobado parcialmente por un monto de 48 789,2 millones de colones, en el tanto cumplió con la normativa técnica presupuestaria aplicable, y se hicieron los ajustes solicitados en el oficio de archivo sin trámite señalado.
Debemos señalar que, como parte de este nuevo análisis, se remitió a la CGR el oficio de la Autoridad Presupuestaria Nro. STAP-0490-2020 donde expresamente se indica que, en lo que se refiere a la verificación del cumplimiento de la regla fiscal de conformidad con la tasa de crecimiento del gasto corriente presupuestario del 4,67%, se determinó que los movimientos realizados en el documento presupuestario de cita, no afectan el gasto corriente presupuestario máximo autorizado para el presente periodo, según la citada tasa de crecimiento.
La CGR tiene competencias constitucionales y legales que tienen plazos y términos de análisis, los cuáles no tienen relación o condicionamiento alguno a la existencia de la pandemia COVID-19, en razón de lo cual no comprendemos la mención de que la CGR aprobó dicho presupuesto a pesar de estar en medio de una pandemia. Los deberes legales de la institución no pueden dejar de ejercerse en los términos que la ley indica por la existencia simultánea de la pandemia, porque acarrearía consecuencias de muy distinta naturaleza. Este aspecto nos parece perfectamente comprensible y atendible, sin menoscabo alguno de la realidad nacional.
Lic. Manuel Corrales Umaña, Gerente del área de Servicios Sociales de la CGR.
Manuel Sancho
