Paulo Villalobos
El nuevo Reglamento del Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA) pone fin a las exoneraciones incluidas en 71 leyes especiales.
Esto impacta desde la adquisición de equipos médicos hasta la importación de taxis o ambulancias, por mencionar algunos ejemplos.
A solicitud de El Observador, el Ministerio de Hacienda detalló las exoneraciones que -a su criterio- quedaron “derogadas tácitamente” con la aprobación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
La opinión que elimina las exenciones está contenida en el oficio DJMH-1316-2019, de la cual este medio tiene copia. Desde el 23 de mayo anterior permanece bajo estudio de la Procuraduría General de la República (PGR).
Este órgano será el que tenga la última palabra como abogado del Estado.
La versión final del Reglamento del Impuesto de Valor Agregado fue publicada el martes en el diario oficial La Gaceta. El tributo entrará en vigencia el próximo 1º de julio.
¿Qué dicen los afectados?
Antes de que el Ministerio de Hacienda especificara todas las exoneraciones que deroga su criterio, El Observador dio a conocer las eliminaciones de los incentivos turísticos y de los vehículos eléctricos.
En mayo pasado, la Cámara Nacional de Turismo (Canatur) y la Cámara Costarricense de Hoteles (CCH) expresaron su preocupación con la eventual desaparición de sus beneficios fiscales.
La Asociación Costarricense de Movilidad Eléctrica (Asomove) indicó días atrás que la medida de Hacienda frenaría la compra de autos eléctricos.
Por su parte, expertos tributaristas han coincidido en denunciar que el criterio contraviene el espíritu que los diputados tuvieron al aprobar la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
Alan Saborío, socio director de la firma Delloite, consideró oportuno esperar por el resultado de la consulta que la ministra del ramo, Rocío Aguilar, le planteó a la Procuraduría General.
Sin embargo, el experto recalcó que incluso si el criterio del abogado del Estado mantiene las exenciones, existe la posibilidad de impugnarlo.
Rafael González, de Grant Thornton, ha insistido que la opinión de Hacienda descarta otros principios de interpretación, como que una ley especial prima sobre una general.
Paulo Villalobos
