Krissia Morris Gray
El Patronato Nacional de la Infancia (PANI) tiene debilidades importantes en los mecanismos de control de las transferencias económicas que realiza a las Organizaciones No Gubernamentales (ONG).
Las entidades de este tipo que tienen convenios con el PANI se encargan de la atención integral de la niñez, adolescencia y la familia.
Una auditoría efectuada por la Contraloría General de la República (CGR) detectó una serie de fallas en dichos mecanismos.
Entre el 2015 y el 2020, el PANI transfirió ¢31.282,7 millones de su presupuesto a distintas organizaciones.
Según señala la entidad contralora, las situaciones detectadas limitan el cumplimiento de los objetivos institucionales.
OBSERVE MÁS: Cada año el PANI realiza cerca de 133 ubicaciones de niños en adopción
Uso ineficiente
Desde julio del 2020, la junta directiva del PANI aprobó un modelo de costeo aplicable a las ONG para definir la cantidad de recursos a transferir. Sin embargo, este aún no se ha implementado.
Esto debido a que aún no se han realizado las estimaciones y ni los estudios técnicos completos para determinar el impacto presupuestario de dicho modelo.
De ahí que la Contraloría determinó que existe un uso ineficiente de los recursos por parte del PANI. En primer término, por contratar la elaboración de un modelo de costos que no se ha implementado y; segundo, que las organizaciones privadas operen con costos desactualizados, en detrimento del servicio que brindan.
OBSERVE MÁS: PANI capacita a 1.900 madres para que fortalezcan rol protector de sus hijos
Débil supervisión
Asimismo, indica que la supervisión ejercida por el PANI a las ONG carece de uniformidad y presenta debilidades, con procesos aislados para desarrollar la supervisión financiera y técnica.
La institución tampoco considera los subsidios transferidos por otras instituciones públicas del sector social a dichas organizaciones. Con ello, se aumenta el riesgo de que una misma agrupación privada reciba recursos de diversas entidades públicas para un mismo proyecto.
“El PANI no dispone de mecanismos adecuados de coordinación con instituciones públicas del sector social, con el fin de maximizar la distribución de los recursos hacia las distintas ONG que atienden a la población en etapa de niñez y adolescencia”, alertó la CGR.
Desactualizados
Al mismo tiempo, el Reglamento de Transferencias de Recursos a ONG para la atención de personas menores de edad, así como los lineamientos asociados vigentes en el PANI, están desactualizados.
Por esta situación no pueden incorporarse las regulaciones emitidas por la CGR, contenidas en las Normas Técnicas sobre el Presupuesto de los Beneficios Patrimoniales otorgados mediante Transferencia del Sector Público a Sujetos Privados.
Ante ello, la Contraloría señala que dicha situación propicia una falta de integración de la normativa aplicable y debilita el sistema de control interno y la orientación que brinda el PANI a los sujetos privados.
PANI atiende observaciones
En respuesta a lo dicho por el ente contralor, el PANI aseguró que todas las observaciones ya son de su conocimiento, y están alineadas a las áreas de mejora que la propia entidad detectó hace unos meses.
Para ello, se elaboran los planes de acción necesarios, a fin de enrumbar y fortalecer los mecanismos de control en las transferencias.
Según Contraloría, las mejoras cuentan con plazo de cumplimiento para el año 2022. Esto porque va de la mano de procesos de actualización de normativas, mejoras en las herramientas tecnológicas y presupuesto para el año 2023.
“El compromiso del PANI es seguir trabajando en esta mejora continuar para lograr cumplir en tiempo y forma con lo señalado en el informe”, dijo Guiselle Zúñiga, gerente de Administración del PANI.
Krissia Morris Gray
