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Esperado juicio contra Araya y Gamboa se atasca por enfermedad de exfiscala y problemas con el juez

El juicio por un aparente tráfico de influencias del alcalde de San José, Johnny Araya, el exmagistrado Celso Gamboa y…

Por Paulo Villalobos

Tiempo de Lectura: 4 minutos
Esperado juicio contra Araya y Gamboa se atasca por enfermedad de exfiscala y problemas con el juez
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El juicio por un aparente tráfico de influencias del alcalde de San José, Johnny Araya, el exmagistrado Celso Gamboa y la exfiscala Berenice Smith, sufre múltiples retrasos este miércoles.

Tanto la representación de los acusados como el Ministerio Público y la Procuraduría General de la República realizaron gestiones que postergaron el arranque del debate.

En primer lugar, el juicio estaba programado para las 8:00 a.m, aunque el Tribunal Penal de Hacienda y de la Función Pública no arribó sino hasta las 8:30 a.m.

A su llegada, el juez Yanán Chacón dio a conocer que este martes, Smith y sus defensores presentaron un dictamen pericial psiquiátrico, en el que pidieron la suspensión de la audiencia por enfermedad.

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Juez sin competencia

Pasadas las 10:30 a.m. ingresó el nuevo tribunal conformado por Mercedes Muñoz, Yanán Chacón e Ivannia Delgado. (Paulo Villalobos/El Observador)

Pero inmediatamente después la Fiscalía General, representada por José Pablo Miranda, gestionó de previo una actividad procesal defectuosa, una gestión de reclamo con respecto a cómo se hizo el proceso.

Esto al considerar que existía un vicio en el proceso en el que se llevaría a cabo el juicio, pues el Tribunal Penal se constituyó de forma unipersonal y no colegiada.

A criterio de Miranda, esta situación eventualmente podría convertirse en un problema, porque si el delito en cuestión requiere de un castigo de más de cinco años de cárcel, el juzgador no tendría competencia para imponer la pena, según lo dispone el Código Penal Procesal y la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Para el tráfico de influencias, la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública dispone en su artículo 52 de una sanción de entre dos y cinco años.

Sin embargo la norma también prevé un versión agravada, que eleva en un tercio los extremos de la pena “cuando la influencia provenga (…) del superior jerárquico de quien debe resolver”.

Ese último escenario ameritaría la conformación de un tribunal con tres decisores y no uno, de acuerdo con la argumentación de Miranda.

La medida tomada por el Ministerio Público y la Procuraduría fue criticada por los defensores de los imputados.

Natalia Gamboa, hermana y defensora de Celso Gamboa, explicó que la Fiscalía conocía de previo la conformación del Tribunal Penal, sin que existiese problema previo. En ese mismo sentido se manifestaron Alfonso Ruiz y Federico Campos, los juristas de Araya y Smith, respectivamente.

La molestia fue tal que el exmagistrado hizo uso de la palabra para increpar al órgano acusador y calificar de “desleal” la acción emprendida por este.

No obstante lo anterior, el juez resolvió acoger la actividad procesal defectuosa y procedió a solicitar una integración colegiada, para que el debate continuara este miércoles.

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Cuestionada incapacidad

Johnny Araya y Celso Gamboa son imputados en el caso. (Paulo Villalobos/El Observador)

La decisión adoptada por Chacón dejó en el aire la puesta en conocimiento y posterior discusión del dictamen médico presentado por Smith.

El juzgador consideró que lo oportuno es que ese asunto quedara en manos de la nueva conformación del órgano jurisdiccional.

Lo anterior a pesar de que Ruiz, Gamboa y Campos consideraban que lo que procedía era que se discutiera la solicitud de la exfiscal antes que la actividad procesal defectuosa.

Además la representación legal de Smith solicitó que se declarara privada la audiencia del dictamen, o bien se reservara la información relativa a su salud, ya que es confidencial. Las juezas avalaron la petición.

La audiencia es seguida por alrededor de una docena de medios de comunicación.

Nombre eliminado

Celso Gamboa es defendido por su hermana Natalia. (Paulo Villalobos/El Observador)

El caso en cuestión se abrió en noviembre de 2017, cuando el diario La Nación reveló que la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) eliminó el nombre del alcalde Araya, de un expediente judicial en el que figuraba.

Lo anterior supuestamente ocurrió en diciembre de 2015, cuando el gobernador local aspiraba al cargo que actualmente ostenta.

En ese momento, el periódico pidió al órgano acusador del Estado corroborar si el jerarca municipal y los demás 604 candidatos a alcaldes tenían investigaciones abiertas. Araya aparecía como imputado junto a otras tres personas en la causa 12-00096-621-PE (de la que se borró el nombre), pero fue sobreseído en julio de 2016.

Reiteradamente el alcalde ha asegurado que quien lo denunció, se retractó y luego aclaró que él en realidad era un testigo del caso.

Las presuntas irregularidades en la causa las denunció la jefa de prensa del Ministerio Público, Tatiana Vargas, ante el Tribunal de la Inspección Judicial.

De acuerdo con la periodista, en la aparente gestión para favorecer al alcalde participaron el entonces fiscal adjunto, Celso Gamboa, el asistente de la Fiscalía General, Justo Pastor López, y la otrora fiscala adjunta de Probidad, Berenice Smith.

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Revocatoria de nombramiento

Por este mismo caso la Corte Plena abrió un proceso disciplinario contra el abogado Celso Gamboa, ya que para cuando trascendió el supuesto tráfico de influencias, ocupaba una magistratura en la Sala de Casación Penal.

El 3 de octubre de 2018, los altos jueces acordaron revocar su nombramiento, luego de que se le encontrara responsable de una falta gravísima.

Sin embargo para ese momento Gamboa ya había sido destituido por la Asamblea Legislativa por su interés “indebido” en el caso del cementazo.

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