Paula Ruiz
La Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) denunció al diputado socialcristiano Pablo Heriberto Abarca.
La denuncia se interpuso ante la Corte Suprema de Justicia, en vista de que es contra un miembro de uno de los Poderes de la República.
Así lo confirmó la compañía tras la solicitud realizada por El Observador. La acción se presentó desde el 11 de junio.
Consultado por este medio, Abarca indicó que no ha sido notificado y desconoce los alcances de la denuncia.
Lo que dice la querella
La ESPH acotó que la acción es por supuesta difamación, por lo cual solicita una indemnización de al menos ¢200 millones.
La compañía asegura que el legislador afirmó en un programa en radio Monumental, del pasado 19 de febrero, que reparte comisiones.
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La querella indica que el diputado Abarca “…realizó afirmaciones falsas contra la Empresa de Servicios Públicos de Heredia, ya que, faltando a la verdad, aseguró que la ESPH lo que hace es repartir comisiones(…)”.
“Estamos finalizando el análisis de la estimación del daño y afectación a la imagen comercial; el cual preliminarmente supera los 200 millones de colones, tratándose de un operador de Telecomunicaciones que participa en Mercados en Competencia”, declaró Sebastián Mesén, abogado penalista contratado por la ESPH.
Cortesía.
Enfrentamiento constante
“Se vale de su cargo e inmunidad (parlamentaria) para referirse de forma burlesca, ligera y temeraria contra nuestra institución”, manifestó la ESPH.
ESPH solicita que el legislador se retracte públicamente y que asuma las costas del proceso.
En el documento, se pide trasladar la querella a la Asamblea Legislativa con el fin de obtener la autorización para someter al legislador al proceso penal. Esto en vista de que Abarca cuenta con inmunidad.
La lucha del socialcristiano hacia la ESPH no es nueva. De hecho, el socialcristiano es su principal crítico en el Congreso.
En 2018, denunció un convenio multimillonario entre el Centro de Convenciones y esta empresa para arborizar el lugar por un monto de $739.000. La ESPH defendió que era por $345.000.
También, Abarca ha criticado las falencias del acuerdo entre el Ministerio de Justicia y la compañía por las tobilleras electrónicas.
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