Tomás Gómez
El Programa del Estado de la Nación (PEN) analizó el Fondo de Asignaciones Familiares (Fodesaf), principal fuente de financiamiento para la política social selectiva del país y los hallazgos no son positivos.
“Su financiamiento está en riesgo y sufre de rigideces presupuestarias e ingresos procíclicos. Es decir, que aumentan en las épocas de crecimiento económico y se contraen en las crisis”, advierte el informe presentado la semana anterior.
La situación se agrava más pues sus ingresos dependen principalmente de tasas que se cobran a las planillas y de transferencias del sector público, ambas marcadas por regulaciones y coyunturas complicadas.
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El 2020, con sus particularidades, ya mostró el desafío que tiene por encima este componente clave de la política social.
En ese año el presupuesto trasferido a las unidades ejecutoras fue de ¢613.079 millones, 4,8% menos que el año previo y que en términos reales representa aproximadamente una caída del 6%.
Esta merma presupuestaria se dividió entre una caída de los cobros a planillas (-1%) y una caída del 11% en las transferencias gubernamentales.
Burocracia y bajar cobros también amenazan
A la situación financiera compleja, el PEN añade otras complicaciones que vulneran su posible impacto positivo.
El primero de ellos es que hay cuotas fijadas por ley como “destinos específicos”, que le restan versatilidad y adaptabilidad al Fondo.
“Si se le inyectaran recursos frescos para financiar nuevos programas, el dinero terminaría por repartirse no solo entre los nuevos, sino entre todos los que ya tienen asignado por ley un porcentaje específico”, señala el texto.
“El Fodesaf carece de un fondo de contingencia que dote de recursos y de la flexibilidad para hacer gasto contra-cíclico en la lucha contra la pobreza. Es decir, que tenga recursos suficientes para incrementar los beneficios en épocas de crisis”, agrega.
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Luego está la dependencia de cobrar cuotas sobre las planillas. Solo para el 2020, el 58,5% de los recursos se obtuvieron por esa vía.
El rubro está incluído dentro de las cargas sociales, que en varias ocasiones se ha propuesto reducir como vía de generación de empleo.
Al respecto, el PEN advierte el vacío que quedaría pues no se vislumbra plan alternativo para alimentar financieramente los programas:
“El Estado ha mostrado incapacidad de dotarlo con los recursos equivalentes si fuese necesaria una sustitución de fuentes”, afirma.
De perderse ese flujo de dinero, planes como las pensiones no contributivas, las becas de Avancemos o los centros de cuido infantiles serían de los primeros en verse afectados.
Incluso si lograra taparse la mitad del hueco presupuestario apenas se podría cubrir el 50% de esas pensiones y el 25% de la red de cuido.
Asistencialismo es clave en muchas mesas
El anális anual del PEN hace énfasis en que el asistencialismo sigue siendo un punto clave de la economía de miles de hogares.
Según sus cálculos, el ingreso de las familias el pobreza puede depender entre un 3% y 20% de estas transferencias. Esto abarca desde paquetes de alimentos hasta pensiones del régimen no contributivo.
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“Las transferencias en efectivo pueden llegar a representar casi una tercera parte del ingreso per cápita del primer decil de los hogares, mientras que las transferencias en especie equivalen a un 15% de su ingreso. Hasta el cuarto decil siguen representando alrededor del 10% “, detectó el estudio.
A ello se suma que sin estas ayudas la pobreza extrema sería de 5,5 puntos porcentuales más.
