Tomás Gómez
Aunque una jueza ordenó retirar la tobillera de una mujer mientras su proceso legal quedaba en firme, la insistencia del Ministerio de Justicia en atender casos solo entre semana y de 8 a.m. a 4 p.m. trabó el cumplimiento de la medida.
Complicaciones con notificaciones y trámites a cargo de otros funcionarios llevaron a que que la mujer cargara con el aparato por 3 días más.
El caso se dio en diciembre y fue resuelto por la sentencia 807-2021 de la Sala Constitucional publicada este martes.
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En ella, los magistrados ordenaron tener mecanismos más eficientes para cumplir las medidas judiciales.
“La liberación de una persona no puede estar limitada por los horarios de oficina”, fustigaron.
De paso, determinaron que el Estado deberá pagar los daños y perjuicios por el caso. El monto se definirá en la vía contencioso-administrativa.
El víacrucis de la tobillera
El caso en cuestión surgió luego de la mujer pidiera una revisión sobre la posible fecha para su liberación.
En primer término su defensa pidió un ajuste por su trayectoria educativa. Para ello se solicitó un informe a la Unidad de Monitoreo Electrónico (UME) el cual no pudieron facilitarle.
“Le respondieron que era imposible realizar el informe de trayectoria educativa en un lapso tan corto, máxime que la profesional destacada para esa función no se encontraba en ese momento laborando”, indica la sentencia.
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A la espera de fijar un plazo definitivo, el Juzgado de Ejecución de la Pena de San José ordenó retirar la tobillera como medida cautelar y el problema se agravó.
La orden se emitió el viernes 18 de diciembre a las 3:46 de la tarde. Al día siguiente la mujer se apersonó a le quitaran el dispositivo pero no tuvo éxito.
Ante los magistrados, el director de la UME, Christian Zúñiga, alegó que el correo de notificación llegó en sábado, por lo que no podría atenderse hasta el siguiente día hábil.
El funcionario agregó que los egresos requieren del aval de asesores jurídicos. Estos también trabajan solo de lunes a viernes en horario de oficina.
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La UME afirmó que en casos especiales se podrían hacer excepciones que para coordinar liberaciones los fines de semana pero que esto no se dio con la afectada.
Ninguna de las justificaciones convenció a los magistrados, quienes dictaminaron una vulneración generada por el no retiro de la tobillera.
“Aunque la autoridad jurisdiccional remitió la resolución y la amparada se apersonó en las instalaciones de la Unidad para hacerla valer, no hubo actuar alguno de esa Unidad a efectos de verificar tales hechos y salvaguardar los derechos de la tutelada”, concluyeron los jueces.
La última circular indica que las órdenes judiciales se pueden recibir de 6 a.m. a 7 p.m., lo que desvaneció más las explicaciones de Justicia para no haber retirado la tobillera de la mujer afectada MJP)
