Tomás Gómez
La Procuraduría General de la República demanda un pago de ¢70 millones por el daño social generado tras el escándalo del Cemento Chino.
Así lo confirmó la institución tras apersonarse al proceso. La Fiscalía acusó al importador Juan Carlos Bolaños y a tres figuras públicas: el exdiputado Víctor Morales Zapata, el exviceministro Fernando Rodríguez y el exdirector de aduanas, Benito Coghi.
Las acciones de la Procuraduría se concentran específicamente en Bolaños y Morales Zapata.
“Los hechos que se querellan constituyen delitos de tráfico de influencias agravados por influencias de Morales Zapata y Bolaños Rojas en la Comisión Nacional de Emergencias, Casa Presidencial y Banco Popular y de Desarrollo Comunal, y aceptación de dádiva por acto cumplido consistente en el pago de una casa vacacional a Morales Zapata por parte de Bolaños Rojas”, señaló el ente.
La Fiscalía deberá ahora recabar un peritaje para determinar el daño social, para luego remitir el expediente al Juzgado Penal de Hacienda. Se realizará una audiencia preliminar, el cual decidirá si la causa penal se eleva a juicio.
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