AFP
(Londres) Este lunes, Estados Unidos acusó al controvertido fundador de WikiLeaks, Julian Assange, de haber puesto en peligro sus fuentes, al publicar un gran volumen de información clasificada. Los estadounidenses exigen la extradición ante la justicia británica.
Diez años tras la difusión de miles de documentos confidenciales sobre actividades militares y diplomáticas estadounidenses, este lunes comenzó en un tribunal británico el estudio de la causa que puede durar varios meses. El australiano, de 48 años, apareció tranquilo y atento, dispuesto a batirse contra lo que considera una persecución política.
“(Assange) No está acusado de revelar información vergonzosa o molesta que el gobierno hubiera preferido no divulgar”, dijo el representante estadounidense, James Lewis, ante una sala atestada del tribunal de Woolwich (sureste de Londres).
Washinton lo acusa, principalmente, de haber puesto en peligro a algunas de sus fuentes al publicar, en Wikileaks en 2010, 250.000 cables diplomáticos y medio millón de documentos confidenciales sobre acciones del ejército estadounidense en Irak y Afganistán.
“Estados Unidos tiene conocimiento de fuentes, cuyos nombres no fueron ocultados y/u otra información identificatoria figuraba en los documentos clasificados publicados por WikiLeaks, quienes después desaparecieron”, añadió.
El juez español Baltasar Garzón, coordinador de la defensa, destacó respecto a las pretensiones norteamericanas: “Una auténtica locura (…) Recibes y difundes, entonces ¿espías para toda la humanidad? Es tremendo, Estados Unidos está blindando a su servicio de inteligencia frente a la posibilidad de que un periodista difunda información”.
Entre esos documentos, figuraba un video en el que se veía civiles abatidos por disparos de un helicóptero de combate estadounidense en Irak, en julio de 2007, incluyendo dos periodistas de la agencia Reuters.
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¿Campeón de la libertad de información?
Pero la hazaña del australiano, que le valió la etiqueta de campeón de la libertad de información, también le costó numerosas críticas. En 2011, los cinco diarios (incluyendo The New York Times y Le Monde) asociados a la plataforma, condenaron la publicación de documentos no editados que podrían poner en peligro a fuentes informantes.
Considerado un ícono de la libertad de expresión por decenas de seguidores, que se reunieron frente al tribunal, podría ser condenado hasta a 175 años de prisión en Estados Unidos, donde está acusado de pirateo informático y espionaje.
Además, en mayo la justicia estadounidense agregó otros 17 cargos en virtud de la ley antiespionaje. Sus apoyos denuncian que estas acusaciones suponen grave peligro para la libertad de prensa.
En una audiencia preliminar, Assange declaró que se negaba a “someterse a una extradición por un trabajo periodístico que recabó numerosos premios y protegió a mucha gente”.
Su padre, John Shipton, ve en este proceso un grave peligro para la libertad de prensa. Denunció “la maldad incesante de las autoridades” para con su hijo: “eso es lo que le ocurrirá a los periodistas (…) si se lleva a cabo la extradición política de Julian Assange”, advirtió Shipton al comenzar la audiencia.
Detenido en la cárcel de alta seguridad de Belmarsh, adyacente al tribunal, Assange tendrá que comparecer toda la semana antes de aplazarse la audiencia al 18 de mayo, cuando se reanudará por tres semanas.
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“Tortura psicológica”
Ahora, la justicia británica tendrá que determinar si la demanda de extradición respeta varios criterios legales, y sobre todo si no es desproporcionada o incompatible con los Derechos Humanos.
Julian Assange fue detenido en abril de 2019 en la embajada de Ecuador, donde estuvo refugiado casi siete años. Temía ser extraditado a Estados Unidos o a Suecia, donde estaba acusado de violación y agresión sexual. Assange siempre rechazó estas acusaciones, y la fiscalía sueca abandonó el caso finalmente.
En la última audiencia preliminar, el miércoles pasado, la defensa alegó que el presidente estadounidense Trump prometió indultar al australiano si este negaba que Rusia filtró los correos electrónicos que perjudicaron a su rival, Clinton. La Casa Blanca negó esta afirmación.
En un documento de su defensa, su abogada, Jennifer Robinson, afirmó que la propuesta llegó por parte del exdiputado republicano Dana Rohrabacher “siguiendo instrucciones” del presidente estadounidense.
Por su parte, Rohrabacher desmintió haber hecho su oferta en nombre del presidente estadounidense.
Wikileaks publicó en 2016, en un momento clave de la campaña de las presidenciales estadounidenses, miles de correos pirateados del Partido Demócrata y del equipo de la entonces candidata Hillary Clinton, que la debilitaron en la carrera por la Casa Blanca.
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