Redacción El Observador
Esta mañana, el Ministerio Público -con la fiscala General, Emilia Navas, a la cabeza del operativo- allanó las oficinas de la diputada Floria Segreda, parte del partido evangélico Restauración Nacional.
Según reportó la oficina de prensa de la Fiscalía, es parte de la investigación en contra Segreda Sagot, por el presunto delito de tráfico de influencias. Navas realiza las diligencias, debido a que así lo exige la ley, cuando la persona investigada tiene inmunidad o fuero especial, como es el caso de una diputada.
“Se trata de hechos ocurridos en febrero del 2019, cuando, presuntamente, Segreda Sagot, valiéndose de su cargo, solicitó al director financiero de la Asamblea Legislativa que no ejecutara un embargo a su salario, el cual había sido ordenado previamente por los Tribunales de Justicia. Con dicha orden, ella habría logrado recibir su salario íntegro en ese mes. El embargo tiene relación con un conflicto tramitado en la vía civil, por la venta de una propiedad”, informó el Ministerio Público este martes.
Además de la oficina de Segreda, se allana la Dirección Financiera del Congreso. Las diligencias de hoy pretenden recuperar prueba de interés para incorporar al expediente 19-000021-033-PE, en el cual se sigue la causa.
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La fiscala General, Emilia Navas, lideró el allanamiento. (Tomás Gómez/Asamblea Legislativa)
En julio pasado, el medio digital CRHoy.com informó que Segreda fue acusada ante la Fiscalía General por los presuntos delitos de tráfico de influencias, desobediencia y prevaricato.
Además de la legisladora, se acusó al director Financiero de la Asamblea Legislativa, Mario Delgado Umaña, y al juez del Tribunal Civil del Primer Circuito Judicial de San José, Rolando Porras.
Carlos Luis Hidalgo, quien fue candidato a regidor por San José del partido Renovación Costarricense, presentó la denuncia.
Entre Hidalgo y Segreda se dieron juicios civiles por la venta de una casa, que generaron una deuda por costas procesales en contra de la diputada. Segreda perdió el proceso y tuvo que pagar las costas, por lo que se le embargó el salario.
Después de eso sería que habría solicitado que se retrasara el embargo.
A Segreda no se le habría aplicado el rebajo acatando su solicitud de espera.
