Paulo Villalobos
NLa Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos, Tributarios, Aduaneros y Propiedad Intelectual confirmó esta tarde la lista de representantes de Aldesa cuyas viviendas fueron allanadas este martes.
Se trata del presidente del conglomerado Javier Chaves, así como su hermano Óscar Luis.
Además, también se realizaron operativos en las casas de habitación de Carlos Oreamuno, vicepresidente; Mario Montealegre, secretario; Diego Artiñano, vocal; Lanzo Luconi, fiscal. Todos ellos del Grupo Bursátil Aldesa.
En Aldesa Corporación de Inversiones, se hicieron diligencias en las viviendas de Eduardo Ulibarri, vicepresidente; Luis Mesalles, tesorero; Pricila Pacheco, directora de Corporación de Inversiones.
La pesquisa contra los representantes se sigue en el expediente 19-157-1220-PE.
Esa es la misma por la cual la Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos, Tributarios y Propiedad Intelectual dirigió 12 allanamientos este lunes.
La causa penal fue abierta a raíz de una serie de denuncias así como revelaciones de la prensa, luego de que se conociera el cese de pagos a unas 600 personas, muchos de los cuales dicen no saber cómo llegaron a tener inversiones riesgosas.
La lista incluye empresas, centros educativos, asociaciones solidaristas y adultos mayores, tal y como lo reveló este medio.
Entre los hechos que se investigan se señala la aparente inducción en error al que fueron expuestos los ofendidos, quienes creyeron que el conglomerado de asociaciones que forman parte de Aldesa, se encontraban siendo supervisadas por la Superintendencia General de Valores (Sugeval).
Lo anterior habría sido posible dado al vínculo que une a todas las sociedades que integran el grupo(las reguladas y las no reguladas), pues utilizan el mismo espacio físico, recurso humano, sitio web, números telefónicos, marcas, logos, miembros de junta directiva que interactúan, incluso muchos de ellos en todas las sociedades.
El Ministerio Público señaló que también se investiga la forma en que fueron administrados los valores entregados por los inversionistas, con la finalidad de establecer, por medio de la trazabilidad, si efectivamente fueron invertidos, o bien, si fueron utilizados de manera fraudulenta para pagar intereses a otros inversionistas.
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Paulo Villalobos
