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Evo Morales parte a México mientras la violencia toma las calles de Bolivia

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por Francisco Jara / Raúl BURGOA

(La Paz, Bolivia). Evo Morales abordó la noche de este lunes un avión militar de México para volar hacia ese país que le concedió asilo político tras su renuncia a la presidencia de Bolivia, donde los militares se unieron a la policía para contener la creciente violencia callejera.

“Hermanas y hermanos, parto rumbo a México, agradecido por el desprendimiento del gobierno de ese pueblo hermano que nos brindó asilo para cuidar nuestra vida. Me duele abandonar el país por razones políticas, pero siempre estaré pendiente. Pronto volveré con más fuerza y energía”, escribió Morales en su cuenta de la red Twitter.

Momentos después, el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, confirmó también a través de esa red social que el exmandatario “ya está en el avión del Gobierno de México enviado para asegurar su traslado seguro”.

Mientras tanto, la violencia se multiplica en las calles bolivianas y las autoridades intentan llenar el vacío de poder. Para ello, Jeanine Añez, la segunda vicepresidenta del Senado, y más probable sucesora interina de Morales, anunció la próxima convocatoria de una elección presidencial.

“Vamos a llamar a elecciones con personalidades probas”, dijo a la prensa Añez, aparentemente destinada a suceder a Morales tras la dimisión de todos los que la precedían en la línea de sucesión.

“Tenemos ya un calendario. Creo que la población grita por que el 22 de enero tengamos ya un presidente electo”, añadió, evocando la fecha prevista, antes de la crisis, para la toma de funciones del próximo presidente.

Pro-Evo Morales protesters block a street of El Alto on November 11, 2019, a day after the resignation of the leftist leader as president of Bolivia. – Morales announced his resignation on Sunday, caving in following three weeks of sometimes-violent protests over his disputed re-election after the army and police withdrew their backing. (Photo by Aizar RALDES / AFP)

– Militares a las calles –

La crisis desatada por la renuncia de Morales el domingo, tras tres semanas de protestas por las cuestionadas elecciones en las que el primer mandatario indígena del país buscaba un cuarto mandato, se profundizó el lunes en medio de la incertidumbre y los actos violentos.

Grupos de descontentos desataron la violencia en Cochabamba (centro) y El Alto, ciudad vecina de La Paz, donde quemaron unidades policiales, hirieron a uniformados y civiles, y causaron pánico en la población.

Al final del lunes, una columna de centenares de partidarios de Morales que llegó a La Paz desde la vecina ciudad de El Alto, protestaba en la Plaza Murillo, frente a la casa de gobierno. En tanto, el expresidente Carlos Mesa, segundo en los comicios del 20 de octubre, denunciaba un inminente ataque a su casa.

La policía, desbordada, pidió apoyo a los militares.

“El mando militar de las Fuerzas Armadas ha dispuesto que se ejecuten operaciones conjuntas con la policía para evitar sangre y luto en la familia boliviana”, dijo en respuesta el comandante general de las Fuerzas Armadas, William Kaliman.

La delicada situación será debatida por la Organización de los Estados Americanos (OEA) en una reunión especial el martes en Washington, anunció el organismo.

La secretaría general de la OEA rechazó a su vez “cualquier salida inconstitucional” y reclamó al Legislativo reunirse “en forma urgente” para organizar nuevos comicios tras los realizados el 20 de octubre, impugnados por la oposición y por el organismo regional.

El Senado de 36 curules, donde los seguidores de Morales son aún mayoría con 25 bancas, debe sesionar el martes para ratificar las renuncias en el seno del gobierno y nombrar al presidente interino de Bolivia.

El exmandatario aymara de 60 años se refugió en una región cocalera del centro del país tras su sorpresiva dimisión el domingo en televisión, horas después de convocar a nuevas elecciones ante las irregularidades electorales “graves” denunciadas por los observadores de la OEA.

Pero en una carta enviada al Congreso este lunes, Morales dijo que la suya fue una “renuncia obligada (…) producto de un golpe de Estado político, cívico y policial”.

“Señal” a Venezuela y Nicaragua

Morales dimitió presionado por los militares, la policía y la oposición, que le exigieron dejar el puesto que ocupaba desde 2006 para pacificar al país. Renunció al cuarto mandato al que aspiraba tras sucesivas reformas constitucionales y un referéndum adverso.

El desenlace fue denunciado como un “golpe de Estado” por gobiernos de izquierda latinoamericanos, entre ellos México, Cuba, Venezuela y Uruguay.

El gobierno ruso, también aliado de Morales, dijo que las acciones violentas de la oposición forzaron su salida, mientras que la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini y el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, llamaron a la “moderación” y a nuevas elecciones.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, destacó en tanto la renuncia de Morales como “una fuerte señal” a los gobiernos “ilegítimos” de Nicaragua y Venezuela.

Trump elogió también el papel de los militares y dijo que la salida de Morales “preserva la democracia y allana el camino para que el pueblo boliviano haga oír su voz”.

 – Debate por la sucesión –

En Bolivia, en ausencia del presidente la Constitución establece que la sucesión recae primero en el vicepresidente, luego en el titular del Senado y después en el jefe de la Cámara de Diputados, pero todos ellos renunciaron con Morales.

En la embajada mexicana en La Paz se refugiaron “20 personalidades del ejecutivo y legislativo de Bolivia”, según Ebrard.

Además, el exministro de gobierno boliviano, Carlos Romero, la exministra de Planificación, Mariana Prado, y un tercer exfuncionario de menor rango están en la embajada de Argentina, aseguraron a la AFP fuentes diplomáticas argentinas.

Morales, forjado políticamente como sindicalista cocalero, dejó el poder defendiendo un legado que, según él, trajo progreso económico y social a una de las tres naciones más pobres de América Latina.

Tras su renuncia, la policía detuvo a la presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), María Eugenia Choque, y a otros responsables de ese órgano por orden de la Fiscalía, que investiga irregularidades en las elecciones.


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