Quien fuera la jefa del despacho presidencial hasta la semana anterior, Felly Salas, optó por guardar silencio ante los diputados, quienes la convocaron por la investigación que se sigue contra la creación de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD).
Salas, mano de derecha del mandatario Carlos Alvarado, forma parte de las investigaciones de la Fiscalía por el caso. Basada en ello, la exfuncionaria alegó que hay hechos que han sido descontextualizados.
“Este caso ha sido judicializado y la rendición de cuentas deberá darse ante esas autoridades”, dijo escuetamente ante los diputados.
Diputados como el Republicano Dragos Dolanescu, el independiente Jonathan Prendas y la liberacionista Ana Lucía Delgado consultaron a Salas por temas como su experiencia política, rol de mando en la Presidencia o si se arrepentía de estar en el proyecto, sin obtener respuestas.
“Me abstengo de responder”, “por respeto a la investigación que se lleva adelante no voy a responder a su pregunta” o “voy a acogerme a mi derecho de no dar respuesta”, dijo de manera reiterada la interrogada. Salas tampoco quizo hacer público si paga por los servicios del abogado que la acompañaba.
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Ya el Poder Ejecutivo enfrenta la tercera semana desde que estalló la crisis por la UPAD, el viernes 28 de febrero. El pasado miércoles 4 de marzo, el presidente Alvarado anunció que tanto Salas, como el asesor Diego Fernández, coordinador de la UPAD, renunciaron a sus cargos. Previamente dejó el puesto de ministro de la Presidencia, Víctor Morales.
Publicaciones del Diario Extra y CRHoy han señalado a Salas como la encargada de pedir información para los asesores de datos de Zapote.
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La creación y el funcionamiento de la UPAD es investigada en instancias como el Ministerio Público, la Agencia de Protección de Datos y la Defensoría de los Habitantes.
En el caso legislativo, una comisión de parlamentarios analiza el caso mediante documentos y comparecencias. El grupo arrancó labores la semana anterior con el exviceministro de Planificación, Daniel Soto, firmante del decreto, y el director de Modernización del Estado de la misma cartera, Luis Román Hernández.
Soto – también investigado por la Fiscalía – se abstuvo de declarar mientras que Hernández fue enfático en que la propuesta no tuvo aval de la institución.
Ante el grupo también deberán presentarse figuras como el presidente Alvarado, el exjerarca Rodolfo Piza, y el equipo asesor de datos.
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