Paula Ruiz
Este jueves, la Comisión Legislativa de Ingreso y Gasto Público inició la investigación por lo sucedido con el cuestionario de factores asociados en las pruebas FARO.
El primero en presentarse al foro legislativo fue Pablo Mena, exdirector de Gestión y Evaluación de la Calidad del Ministerio de Educación Pública (MEP).
Mena, quien lideró las pruebas, declinó responder las preguntas realizadas por los diputados, amparado por el artículo 36 de la Constitución Política.
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El funcionario, quien renunció a su jefatura el sábado anterior, se limitó a realizar la lectura de un documento donde indicó que ante la apertura de procesos disciplinarios internos, administrativos y judiciales, será en esas instancias donde se referirá al tema.
Mena indicó que trabaja desde 1999 para el MEP donde tiene nombramiento en propiedad, como educador y asesor nacional de matemática.
Furiosos
La reacción de Mena no cayó nada bien en los legisladores de este foro quienes buscan información sobre lo sucedido.
La independiente Shirley Díaz incluso, le dijo que él era un funcionario que daba vergüenza.
Entre las preguntas que los diputados tenían previstas están las relacionadas con la persona responsable de la formulación de las pruebas y la responsabilidad de la exministra Guiselle Cruz.
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“Son muchas las preguntas que usted deja sin contestar, pero ante la justicia va a tener que dar cuentas de lo que usted hizo”, declaró Díaz.
También tenían interés en conocer para qué querían la información solicitada a menores de quinto año de primaria y si el cuestionario fue revisado.
Congresistas como Erick Rodríguez, Melvin Núñez, Carlos Ricardo Benavides y Luis Fernando Chacón hicieron sus preguntas pese a la negativa de Mena.
El cuestionario tuvo un costo de ¢255 millones, que representa un 11% del costo total de las pruebas, que asciende a ¢2.319 millones.
Cuestionario polémico
Durante la aplicación de las pruebas FARO a estudiantes de primaria, la semana anterior, se incluyó un cuestionario con más de 600 preguntas. Ese formulario se entregó aparte de las evaluaciones de español, matemática y ciencias.
Las redes sociales comenzaron a dar cuenta desde el viernes por la tarde de la molestia de los encargados de familia tanto por la extensión como las preguntas personales realizadas.
Ante la ola de críticas, la ministra Guiselle Cruz anunció que la entidad procedería a eliminar las pruebas dados los problemas presentados.
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“Hubo un error en su elaboración, pues se obvió que una prueba tan larga era inadecuada para ser aplicada a niños y niñas de 11 ó 12 años. Y que algunas preguntas no se formularon adecuada ni oportunamente”, dijo.
La semana pasada, Mena indicó a El Observador que se pretendían realizar estas preguntas para hacer política educativa.
El cuestionario de factores asociados se realizó el viernes anterior. Encargados de familia denunciaron que sus hijos duraron hasta cinco horas respondiendo.
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