Tomás Gómez
El haber pagado casi ¢30 millones para saldar una deuda con el Estado, no exime a Alexander Mora Delgado, embajador nombrado por este gobierno ante la OCDE, de un proceso judicial en su contra.
El exministro de Comercio Exterior en el Gobierno de Luis Guillermo Solís forma parte de los exjerarcas que recibieron sobrepagos salariales durante la pasada Administración. Su caso incluso pasó a la Procuraduría General de la República (PGR) en el 2019, pues no hizo la devolución.
De ahí, se elevó a la vía judicial donde se mantiene.
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Mora recibió un plus del 65% por “prohibición”, sin contar con los requisitos.
Días antes de ser designado como embajador, Mora corrió a depositar ¢29.574.828.
Estos correspondían a un sobrepago que recibió entre mayo del 2014 y junio del 2017, lo que se traduce en ¢882.245 mensuales.
El desembolso de Mora, sin embargo, no cerró el proceso judicial que sigue activo en su contra.
El expediente 20-959-1027-CA
El reclamo contra Mora fue interpuesto por la PGR ante el Poder Judicial el 13 de febrero del 2020.
Su expediente es el 20-959-1027-CA y lo lleva el Tribunal Contencioso Administrativo. El juez responsable es Carlos Góngora Fuentes.
“Nos indican en el Tribunal Contencioso Administrativo que el expediente en consulta se encuentra activo y en trámite”, señaló la oficina de prensa del Poder Judicial.
“Sin notificación”
Consultado por El Observador, Mora reiteró su explicación de que nunca fue notificado del proceso.
Esa línea la sostuvo a mediados de agosto cuando comunicó el pago y este viernes la expuso nuevamente.
“Como lo he dicho anteriormente, la PGR llevó el proceso a la vía legal sin que se me llamara a mi en ningún momento, sin que se me informará a mi de nada y sin que se me me notificara a mi nada y por ninguna vía”, señaló.
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“Es el Juez ahora quien conoce el proceso. Yo confío que se resuelva en apego a los principios de derecho”, agregó.
Mora se autopercibe más bien como afectado por parte de quienes determinaron su salario.
“No es una causa penal, sino meramente civil, asociada con un asunto meramente administrativo en el que yo no participé, aunque soy el sujeto pasivo afectado por el acto”, complementó.
El economista concluyó señalando que su nombramiento corre a partir del 1° de octubre. Para esa fecha espera ya estar colocado en Francia, sede de la OCDE.
Tras una consulta de este medio, Casa Presidencial envió una declaración en la que aclaró que el depósito judicial que Mora realizó fue “una muestra de buena fe, en garantía de los eventuales resultados del proceso legal en curso, para determinar si procede o no la devolución de los recursos que años atrás le fueron pagados como parte de su salario”.
“El proceso está planteado por la Procuraduría General de la República y corresponde al
de un Estado de Derecho como Costa Rica, bajo los correspondientes procedimientos
legales y jurídicos”, concluyó la misiva emitida en Zapote.
Silla en París
Las gestiones formales de incorporación la OCDE arrancaron hace casi una década durante la gestión de la expresidenta Laura Chinchilla, pasaron por una serie de reformas legales sin precedentes en el país.
Se debieron aprobar 14 leyes, las cuales fueron auditadas por 22 comités de la Organización hasta dar el visto bueno.
El 15 de mayo del 2020, el secretario General de la OCDE, Ángel Gurría, notificó la admisión del país.
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A partir de ahí se arrancó con la etapa local. En primer término se dio primer debate en la Asamblea Legislativa y luego se pasó al control de la Sala Constitucional, donde el proyecto obtuvo el aval necesario.
Tras completar el segundo debate, el 25 de mayo anterior la OCDE dio la bienvenida oficial a Costa Rica como miembro 38.
Para ocupar la silla en París, como representante de Costa Rica, el Consejo de Gobierno eligió el 6 de julio al exdiputado Ottón Solís.
Ello provocó que diputados de seis fracciones legislativas además de representantes de cámaras empresariales externaran su desaprobación.
Las fuertes críticas recibidas durante una semana, así como el riesgo que corrían varios proyectos de ley en la corriente legislativa, condujeron a que Solís declinara al cargo.
Al exdiputado Ottón Solís se le señaló por las críticas que había hecho a varios temas de la OCDE, y terminó por desistir de su nombramiento. (AFP)
Club de buenas prácticas
La OCDE fue fundada en 1961 y reúne a los países con más desarrollo en materia de gestión económica y social. Se encarga de estandarizar las buenas prácticas en gestión pública mediante la generación de protocolos y la auditoría de sus miembros.
El grupo ofrece más de 300 comités asesores que dan acompañamiento a la gestión de políticas públicas.
Cada dos años, los miembros de la OCDE se someten a una evaluación, para identificar necesidades de ajustes y áreas de mejora en las políticas económicas y sociales.
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Algunas de las ventajas de ingresar a la Organización se relacionan con altos estándares en las políticas públicas, así como en la búsqueda de soluciones a problemas comunes, como:
- Acceso a las mejores recomendaciones y red de expertos en temas de interés para el país
- Acceso a los estudios de la OCDE, que contribuirían al debate político nacional
- Absorber enseñanzas de los países miembros en materia económica y ambiental
- Estrechamiento de las relaciones internacionales y de mercados con los países de la OCDE
- Mejora de estadísticas económicas, eficiencia de mercados y atracción de inversión
La adopción de las medidas internacionales establecidas por la OCDE podrían, a mediano plazo, colaborar a reformar el Estado y su administración, lo que contribuiría a mejorar la competitividad económica.
Los diputados contaron con una comisión específica para ver todas las reformas que demandaba la OCDE. La Organización ahora recomienda la práctica a nuevos candidatos (Cortesía Asamblea Legislativa)
