Tomás Gómez
El exministro de justicia (2002) José Miguel Villalobos y el excontralor general de la República (2004) Alex Solís, son dos de las figuras que fueron consultadas por el presidente Rodrigo Chaves sobre el proyecto de ley jaguar para el referéndum.
“Con mucho gusto le puedo consultar que me consultaron algunos aspectos relacionados con el tema”, apuntó Villalobos ante la consulta de El Observador.
Agregó que brindó su opinión pero que no divulgará detalles de su participación.
“Evidentemente no voy a irrespetar a las personas, ni a mi deber. Y obviamente no voy a hacer ningún comentario al respecto”.
Alex Solís, que durante 2004 comandó la Contraloría coincidió por su parte en tema de la reserva.
“Me parece irresponsable referirme al tema. Hice pública mi posición porque Otto Guevara rompió la privacidad, de otra forma no lo habría hecho”, comentó.
“Los grupos de trabajo se deben lealtad. En tales condiciones veré que sucede en los próximos días y si todavía las puertas están abiertas quedo a las órdenes”, detalló.
En un artículo publicado por Solís en el diario La Nación, dijo que fue “parte del grupo de expertos que asesoraron al presidente de la República en relación con el proceso de referéndum” y puntualizó 7 puntos que según dijo, constan por escrito.
Entre ellos, Solís dice que según su criterio es “inconstitucional pretender disminuir o eliminar la potestad sancionadora de la Contraloría General de la República” y “pretender eliminar o debilitar el principio de eficiencia y eficacia que le corresponde fiscalizar”.
También acotó que no le parece que “los asuntos sometidos a referéndum tengan la suficiente jerarquía para el movimiento ciudadano y el costo que, en todo sentido, implica una consulta de este tipo”.
El presidente Chaves dijo que recibió el consejo de varias personas, sin embargo, no ha dado a conocer los nombres porque —según argumentó— no tenía el consentimiento para hacerlo.
Diario Extra publicó una conversación con el exdiputado Otto Guevara, que reconoció reuniones sobre el tema. En la nota se mencionaron también otros expertos que habrían participado como asesores en este tema del referéndum, entre ellos como los abogados penalistas José Miguel Villalobos y Juan Diego Castro, el excontralor Alex Solís Fallas y la exsubcontralora Silvia Solís, además del abogado constitucionalista Fabián Volio.
El Observador intentó hablar con Otto Guevara pero no contestó los mensajes ni las llamadas. Fabián Volio dijo que respondería este viernes.
A la espera de conocer el futuro del referéndum
En su discurso anual del 2 de mayo el presidente Rodrigo Chaves puso sobre la mesa el tema de un posible referéndum.
Ese día citó posibles temas como las Jornadas 4/3 o la venta del Banco de Costa Rica. No obstante, la semana anterior se consolidó la propuesta, centrada en varias enmiendas a la Contraloría General de la República.
Zapote ha recurrido a dos opciones para que salga adelante la consulta.
Una es la solicitud al Congreso, donde se deberían cosechar 29 votos. El proyecto ley jaguar se tramita bajo el expediente 24.364. Se estima que sería el martes 25 de junio cuando se haga la votación. Se requiere del apoyo de 29 diputados para que la iniciativa fructifique.
No obstante, en lo que no tiene claridad todavía la Asamblea Legislativa es sobre las consulta de constitucionalidad que se haría sobre este texto, si le corresponde o no hacerlo y si es antes o después de su votación. Esto debe de dilucidarse en los próximos días
Paralelamente, el Gobierno se hizo la solicitud al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) para proceder con la opción de recolección de firmas. En esa se necesitarían unos 180.000 respaldos para proceder luego con la votación popular.
El periodista Edgar Espinoza. esposo de la periodista Pilar Cisneros, fue el encargado de presentar la solicitud de firmas en el TSE (Alonso Solano/ El Observador).
¿De qué se trata?
La “Ley Jaguar para impulsar el desarrollo de Costa Rica”, que presentó el presidente Rodrigo Chaves el miércoles 5 de junio a la Asamblea Legislativa, se resume en tres grandes temas.
Una de ellas se relaciona a cambios en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, limitando su radio de acción.
También pretende reformar el artículo 67 de la Ley de Contratación Administrativa, con lo que se busca acelerar la construcción de Ciudad Gobierno, frenada precisamente por el órgano contralor.
Por último, se quieren ampliar las potestades de Japdeva.
Respecto a las reformas a la Ley Orgánica de la CGR, hay dos artículos donde limita las potestades de ésta: uno el artículo 12 y otro el artículo 22.
En el 12 se señala que la Contraloría “no podrá sustituir, abarcar, interferir, ordenar, interpretar, advertir, recordar, ni recomendar asuntos que corresponden exclusivamente a las competencias propias de la administración pública activa en toda su extensión, ni sustituir las competencias de administración pública activa en sus modalidades de función decisora, ejecutiva, resolutora, directiva u operativa”.
“Ni podrá evaluar previamente la gestión administrativa de la administración pública activa”, añade.
Mientras tanto, el artículo 22, que habla de la potestad de investigación, indica que ante algún procedimiento de este tipo no se suspenderán los procesos.
“En ningún caso el ejercicio de esta potestad suspenderá la ejecución de actos y contratos del Estado o sus instituciones, suspensión que solamente podrá efectuarse mediante la respectiva orden judicial de acuerdo con el ordenamiento jurídico aplicable al caso”, dice el texto.
La Contraloría General de la República (CGR) a través de la contralora Marta Acosta cuestionó el proyecto de ley.
Acosta criticó que la propuesta, en lugar de fortalecer las competencias de la institución, como lo planteó el Gobierno en conferencia de prensa, lo que hace es limitar y casi que eliminar las competencias fiscalizadoras que tienen sobre el aparato estatal.
Varios diputados han exteriorizado dudas sobre este plan, sobre todo, que le quitaría facultades fiscalizadoras a la Contraloría con la reforma de algunos artículos de la Ley Orgánica de la institución.
COLABORARON LOS PERIODISTAS ALLAN ARROYO Y PAULA RUIZ
