Finanzas

Exministros cuestionan movida de Hacienda: “No baja el nivel de la deuda”

El plan anunciado por el Ministerio de Hacienda que obligaría a algunas instituciones a entregar sus inversiones en bonos del…

Por Christine Jenkins Tanzi

Tiempo de Lectura: 4 minutos
Exministros cuestionan movida de Hacienda: “No baja el nivel de la deuda”
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El plan anunciado por el Ministerio de Hacienda que obligaría a algunas instituciones a entregar sus inversiones en bonos del gobierno para recibir a cambio una cuenta por cobrar, no lograría la intención de reducir la deuda pública.

Al menos así opinan los exministros de Hacienda Rocío Aguilar (2018-2019) y Fernando Herrero (2010-2012).

El cambio que anunció Hacienda esta semana pretende evitar que el nivel de deuda sobrepase el 60% del producto interno bruto (PIB), lo cual implicaría una restricción mayor de la regla fiscal. Entidades como el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) tendrían que trasladar unos ¢456.000 millones en títulos del gobierno a la Caja Única del Estado, a partir de lo que se habilitaría una cuenta que no les genera intereses ni rendimientos.

Aunque esto reduciría la cantidad de bonos, no cambiaría el nivel de deuda en 1,19% del Producto Interno Bruto (PIB), como pretende Hacienda, según Aguilar y Herrero.

“Hay que estar claros que eso no baja el nivel de deuda”, consideró Aguilar  ante consultas después de un panel en el que participó este miércoles.

“Evidentemente, en lugar de estar pagando por esos títulos una determinada cantidad de intereses, que entiendo se estima como en ¢20 mil millones, eso va a permitir gasto corriente, pero no es que se esté bajando la deuda salvo que las empresas voluntariamente decidan donar esos recursos al Ministerio de Hacienda”, agregó.

Hacienda sí se puede beneficiar de tener “deuda con costo cero”, como pretende la medida, mientras que las entidades deberían de haber utilizado esos recursos antes para su propósito, salvo en algunos casos, según Aguilar.

“No tiene sentido que las instituciones del Estado, salvo las que tienen que tener reservas técnicas, tengan esos recursos y no se usen para el propósito o fines de la institución”, consideró.

En 2019, el saldo de la deuda del Gobierno Central cerró en 58,5% del PIB, cerca del umbral del 60%. (Foto: Hacienda)

Distorsión

La movida no confundirá a los economistas ni analistas financieros y más bien puede generar desconfianza sobre la información que publica Hacienda, opinó Herrero, exministro en dos ocasiones.

“Los actores del sistema financiero lo tendrán claro – ese es su trabajo, aunque a veces no lo digan- pero ahora sabrán además que se distorsionó la información para que dé la impresión de que se redujo la deuda”, escribió Herrero en una columna de opinión en La Revista.

“Ojalá el gobierno abandone ese camino y se concentre en lo que prometió: aplicar la regla fiscal (en la que no creo pero ellos sí) al gasto público”, agregó.

También, podría ser un “grave error” que genere que las instituciones terminen saliéndose de la Caja Única, recurriendo a normas legales o procesos judiciales, según Herrero.

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Propuesta de Contralora

La medida no se trataría de «contabilidad creativa» sino de reorganizar las finanzas públicas para eliminar la deuda directa entre instituciones, defendió Martha Cubillo, Tesorera Nacional, después del anuncio el pasado 10 de marzo.

«Esto no significa que no esté dentro de los pasivos del Estado, se mantiene como un pasivo, pero la relación de deuda a PIB sí es afectada porque se mide con la deuda titulizada, salvo que la Contraloría nos cambie las reglas a futuro», explicó Cubillo.

La Contraloría había recomendado el trasladar de recursos de las instituciones públicas a la caja única para ahorrar en las comisiones y costos de gestión de sus cuentas bancarias.

Sin embargo, la intención era tener una mayor eficiencia en la gestión de los recursos, no reducir el nivel de deuda. Por el momento, la Contraloría indicó que estaría esperando a que Hacienda defina como haría el cambio.

“No es de nuestro conocimiento el instrumento normativo que definirá el Ministerio de Hacienda para operacionalizar esto, por lo cual no podemos emitir opinión al respecto”, contestó Julissa Sáenz, gerente del área de fiscalización del sistema de administración financiera de la Contraloría.

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Trasladar ¢1 billón de instituciones públicas a la Caja Única del Estado podría significar un ahorro en comisiones equivalente al 0,3% del PIB, detalló un informe de la Contraloría presentado a los diputados en febrero. (Foto: Paula Ruíz)

Cubillo había comentado que el plan contemplaba un cambio en los lineamientos para el 2020 y 2021 para que las instituciones bajo la Autoridad Presupuestaria no estén autorizadas a tener inversiones, si no más bien hacer depósitos en la cuenta única.

A partir de eso, comenzarían una redención anticipada de los títulos en manos de estas instituciones, muchos de los que vencen durante el 2020.

«Esos recursos van a estar disponibles de inmediato para la operativa de la institución, la diferencia es que no van a hacer remunerados, se trata igual que cualquier otro deposito en la cuenta única», agregó.

«Las instituciones deberán revisar sus presupuestos y si han incorporado recursos de los intereses tendrán que hacer sus ajustes, estamos a tiempo, estamos apenas en marzo entonces si pueden hacer todavía algunos ajustes», explicó.

En el caso del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (Invu), la propuesto todavía está bajo estudio y no emitió criterio por el momento.

“Estamos atendiendo la instrucción de valorar en conjunto con la Tesorería Nacional, las particularidades de la Institución, las fuentes de los recursos invertidos así como el destino de estos”, según el Invu.

Por su parte, el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), contestó que podrá referirse al tema hasta finales de la semana entrante.

Estas entidades son las que estarían sujetas a la medida:

  1. Junta de Protección Social
  2. Instituto Nacional de Aprendizaje
  3. Instituto de Desarrollo Rural
  4. Acueductos y Alcantarillados
  5. Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo
  6. Instituto Costarricense de Turismo
  7. Comisión Nacional de Emergencias
  8. Consejo Nacional de Préstamos para la Educación
  9. Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica
  10. Instituto Nacional de Fomento Cooperativo
  11. Instituto de Fomento y Asesoría Municipal
  12. Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur
  13. Programa Integral de Mercadeo Agropecuario (PIMA)
  14. Oficina Nacional de Semillas (ONS)