Paula Ruiz
Un grupo de expertos advirtió sobre la afectación que tendrían los bosques por el cambio pretendido por el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) para el Programa de Servicios Ambientales (PSA) mediante decreto ejecutivo.
Recientemente, el Gobierno de la República planteó una reforma a los artículos 38, 39, 40, 47 y 63 y adición del Capítulo Décimo Noveno del Reglamento a la Ley Forestal, Decreto Ejecutivo N° 25721-MINAE y sus reformas del 17 de octubre de 1996, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 16 del 23 de enero de 1997.
Entre las reformas está la eliminación de la figura del regente forestal y una disminución en la base de honorarios concedida por hectárea (ha) pues pasará de $55 a $40, informó Jorge Mario Rodríguez, Director del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (Fonafifo).
De acuerdo con Michael Garro, fiscal del Colegio de Agrónomos y Forestales, la figura de la regencia forestal asegura la permanencia del bosque.
“En los últimos años, el 72% de los contratos por conservación lo gestionan los regentes, quienes no solamente tienen fe pública para certificar tanto el buen uso de los fondos estatales y la permanencia del bosque, sino además son asesores que permiten a familias en zonas rurales tomar mejores decisiones sobre el uso sostenible de los recursos naturales”, declaró Garro.
Incluso, para el Colegio de Agrónomos y Forestales las modificaciones son inconstitucionales. Según Garro, se cambia el reglamento que es competencia de ellos y transgrede principios establecidos en tratados internacionales.
“Además, sería inconstitucional al violentar el principio de no regresión en material ambiental”, puntualizó.
Para Xinia Brenes, eliminar la figura del regente forestal, impide una certificación adecuada para la permanencia del bosque.
“No es lo mismo una comprobación satelital versus la comprobación, al menos anual, que se realiza directamente en el campo”, dijo Brenes, quien es la presidenta de la Asociación de Ingenieros Forestales Pro-Manejo de los Recursos Naturales (Ucifor).
Las declaraciones de ambos se realizaron en una actividad organizada por la Universidad Nacional, junto con el Instituto de Investigación y Servicios Forestales (Inisefor-UNA), la Escuela de Ciencias Ambientales (Edeca-UNA) y la Asociación de Ingenieros Forestales Pro-Manejo de los Recursos Naturales (Ucifor) para analizar estos cambios.
Expertos expusieron sus puntos de vista sobre los cambios que busca el MINAE para el PSA. (Cortesía/UNA).
Desconfianza
Brenes destacó que otra variación es el aumento en el tamaño de las fincas beneficiarias que pasaría de 300 a 500 ha.
“Algo cuestionable considerando que las estadísticas de Fonafifo estiman que alrededor del 70% de las fincas que actualmente están adscritas al programa, tienen 40 o menos hectáreas”, dijo, en declaraciones compartidas por la UNA.
Por su parte, el Director de Fonafifo defendió que con esta medida se pasaría de 40.000 hectáreas protegidas a 182.000.
Aunque, el vocero del Colegio de Agrónomos y Forestales desconfía de la capacidad de Fonafifo para gestionar adecuadamente el aumento en la cantidad de hectáreas pretendidas para protección.
Rodríguez explicó que actualmente hay varias fuentes de financiamiento de los PSA, pero el interés es unificarlos para que todos los recursos estén en un mismo canasto.
“El interés del ministro Franz Tattenbach es unificar todas esas fuentes de financiamiento y orientarlas a cumplir objetivos de protección del bosque, en un solo sistema”, detalló.
De esta manera, todos los bosques tendrán una base de $40 (anteriormente de $55), que aumentará a $70 si la finca es identificada como zona importante hídrica. Aumentaría a $100 si está en los mapas megadiversas.
Así las cosas, hay fincas que recibirán $40, otras $70 y unas $100.
Con respecto a la eliminación del regente forestal, señaló que se mantendría el acompañamiento de un ingeniero forestal.
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