Paula Ruiz
Al menos cuatro expresidentes de la República se mostraron en contra del proyecto de ley que pretende la venta del Banco de Costa Rica (BCR).
El plan es impulsado por el actual gobierno de Rodrigo Chaves y se materializó con la presentación oficial de la iniciativa a inicios de setiembre.
Rafael Ángel Calderón, quien lideró el país entre 1990-1994 externó su oposición dado que -en su opinión- la entidad financiera puede cumplir una función de ayudar a pequeños y medianos empresarios como ya lo ha hecho en el pasado.
“En lo personal estoy en contra de la venta del BCR. Me parece que es una entidad muy importante para el país”, dijo el exmandatario.
En tanto José María Figueres, quien tuvo la banda presidencial entre 1994-1998 manifestó que vender el banco no es la decisión más acertada.
“No veo que vender el Banco de Costa Rica vaya a resolver ningún problema. El BCR tuvo utilidades de $80 millones el año pasado y una buena parte de eso fue a la Comisión Nacional de Emergencias”, dijo el liberacionista días atrás.
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A las voces en contra se sumaron los exjefes de Estado Luis Guillermo Solís y Carlos Alvarado, quienes llegaron al Poder Ejecutivo de manera consecutiva con el Partido Acción Ciudadana (PAC) en los periodos 2014-2018 y 2018-2022.
Solís informó que su criterio es el mismo al emitido por el Comité Ejecutivo del PAC desde donde toman esta decisión como una “venta de humo”.
“Recurrir a una medida como la venta del BCR o del INS para pagar, supuestamente la deuda interna, es económica y socialmente contraproducente para el país en el largo plazo”, indicó.
En una posición similar a la de Figueres, la de Solís defiende el golpe que recibirían algunas entidades que dejarían de percibir ingresos mediante las cargas parafiscales del BCR.
Mientras tanto, también calificó como negativa la venta.
“Son instituciones que forman parte del Estado social de derecho. El BCR genera utilidades que se emplean para el bien de la sociedad. Por ejemplo, financiar pensiones de la seguridad social. Al privatizarlo para hacer el pago parcial de una deuda, se pierde el valor social”, externó Alvarado.
A favor
El expresidente Miguel Ángel Rodríguez si está favor de que se dé la venta del activo del Estado.
“Estoy de acuerdo con la venta del BCR y la totalidad del INS, para pagar la deuda y bajar el costo de los intereses y la deuda sobre el presupuesto nacional”, dijo Rodríguez la semana anterior a El Observador.
“Ese es un camino adecuado. Si lo hacemos bien, si vendemos el BCR a un banco que tenga vocación de trabajo al detalle y que venga a competir con los bancos estatales y privados, a ponerlos a ser más eficientes y bajar las tasas”, añadió.
La venta del BCR tiene un precio inicial de $1.785 millones según se establece en la iniciativa de ley.
Las razones del expresidente para estar de acuerdo con esto son que con la venta de los activos y el pago de deuda, el presupuesto nacional se podría liberar un poco para invertir en infraestructura nacional.
Ahora bien, con respecto de la venta de Bicsa, tanto Calderón como Alvarado no se mostraron en contra.
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Se intentó conocer la posición de los expresidente Laura Chinchilla y Óscar Arias, pero al cierre de la edición no se recibió respuesta de su parte.
Sin respaldo ciudadano
Una encuesta revelada este jueves a cargo del Idespo de la Universidad Nacional (UNA) reveló la oposición de la ciudadanía con respecto a este proyecto de ley.
Un 47% se mostró en contra de esta medida anunciada por Chaves en agosto anterior la cual materializó mediante un proyecto de ley.
En contraparte, un 40,2% está a favor de esta venta, un 6,1% ni a favor ni en contra y un 6,7% no sabe o no respondió.
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El investigador de Idespo, Norman Solórzano, consideró que esta opinión podría guardar relación con la “querencia” hacia la institucionalidad del Estado.
“Parecen asomos de contrariedad en la la ciudadanía por iniciativas que contradicen el sentido común, porque no queda claro el beneficio para el pueblo con la postura del Gobierno por deshacerse del activos”, explicó Solórzano.
El proyecto de ley está en el Congreso y requiere de 38 votos de los diputados para que se haga realidad, por lo que la negociación del Ejecutivo con el Legislativo debe ser profunda.
Hasta el momento, solo el Frente Amplio ha externado su oposición total al plan. Esta bancada reúne seis votos.
Colaboró el periodista Hermes Solano.
