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Exreguladores recomiendan cambios en la Ley de Usura mientras suben las denuncias por extorsiones de prestamistas informales

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Tiempo de Lectura: 3 minutosEl 20 de junio del 2020 entró a regir la denominada Ley de Usura, que entre otras cosas, establece un tope a los intereses que las entidades financieras reguladas pueden cobrar por los créditos y microcréditos.

Dos años después dos exsuperintendentes recomiendan a los diputados de la Asamblea Lesgislativa estudiar los efectos negativos que esta Ley podría estar causando en sectores económicamente vulnerables de la población como mujeres, jóvenes y empresarios pequeños.

Se trata del exsuperintendente general de Entidades Financieras Javier Cascante y el exsuperintendente general de Valores Danilo Montero, quienes participaron de un webinar organizado por la universidad privada Lead University.

Ambos coinciden en que la intención de los legisladores que aprobaron esta ley era proteger a los clientes de la usura: la práctica delictiva que consiste en cobrar intereses excesivos sobre un préstamo.

Pero la buena intención generó que cerca de 60.000 costarricenses que no pueden acceder a un crédito formal (como en bancos o cooperativas) tampoco puedan optar por un microcrédito (aquellos por cifras no mayores a ¢675.000).

“Una solución en busca de un problema” 

Hay un sector de la población al que están dirigidos los microcréditos: personas o pequeños empresarios que por su perfil crediticio no pueden concursar por un crédito en una entidad regulada, como un banco o cooperativa.

Es el caso de mujeres, jóvenes sin experiencia, micro y pequeños empresarios que necesitan recursos para dar sus primeros pasos. También aquellas que tienen el récord crediticio “manchado”.

Es decir, las entidades que ofrecen microcréditos son la opción para aquellos sectores que representan un mayor riesgo, desde el punto de vista financiero.

Este riesgo que asumían se reflejaba en las tasas de interés, pero los topes establecidos en el 2020 les obligó a bajar la tasa y, por ende, a subir el perfil de aquellos clientes a quienes sí les aceptarían la solicitud.

“Cuando es demasiado el riesgo y no estás teniendo los rendimientos necesarios para de alguna forma compensar el riesgo a lo largo de todos los procesos no siempre se puede apoyar”, había explicado a El Observador la presidenta de la Asociación Costarricense de Microfinanzas (Asocomi), Mónica Navarro.

De esta forma, se calcula que 60.000 potenciales clientes quedaron excluidos del sistema.

Montero llamó a la Ley de Usura “una solución en busca de un problema”.

“Tiene una paradoja extraña. Surge para ayudar supuestamente a las personas a que accedan al crédito más barato, pero termina excluyendo a un montón de gente del crédito. Es una cosa bien extraña”, comentó el experto en microfinanzas Javier Cascante.

Pero al estar excluidos de la posibilidad del crédito y del microcrédito la necesidad de dinero se mantiene. Y es aquí donde recurren a los préstamos informales.

Extorsiones en aumento 

El Jefe de la Sección de Delitos Varios del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Julio Hernández, informó que durante el primer semestre del 2022 se recibieron 215 denuncias por supuesta extorsión relacionada a los créditos informales, conocidos como “gota a gota”.

Esto podría significar un aumento en relación con el 2021, aunque habría que esperar las cifras al cierre de diciembre.

El año pasado cerró con 300 casos, lo que podría traducirse a 150 por semestre.

Hernández explicó que están conscientes de que un porcentaje muy alto de personas no denuncia todos los delitos de los que podría estar siendo víctima, entre ellos: usura, amenazas, agresiones físicas contra el deudor y su familia, entre otros.

El vocero judicial indicó que el aumento se registra desde el año 2019.

Las participantes en el foro mencionaron que la informalidad en los préstamos se ha relacionado con otras problemáticas sociales como el narcotráfico y el lavado de dinero.

Diputada Daniela Rojas presenta proyecto 

La diputada socialcristiana Daniela Rojas presentó un proyecto de ley el pasado 10 de mayo que soluciona algunos de los problemas que generó la promulgación del 2020.

Se tata del expediente 23.101 llamado Ley para la promoción y regulación del microcrédito como fomento para la inclusión social financiera en Costa Rica.

Esta plan establece, entre otras cosas, una reducción máxima del interés y crea cuatro formatos del microcrédito (cada uno con su propio límite):

  • Mujer
  • Personal
  • Personal sin historial crediticio
  • Productivo

Además, se necesitarían más cambios o intervenciones para reparar los vacíos provocados.

Por ejemplo, la presidenta de Asocomi dijo que para corregir esta situación sería necesario aumentar los topes establecidos en el 2020 de forma general.

Los topes máximos a los intereses o topes de usura para el segundo semestre del 2022 establecidos por el Banco Central son:

  • Préstamos y tarjetas de crédito en colones: 33,41%
  • Préstamos y tarjetas de crédito en dólares: 27,72%
  • Microcréditos en colones: 47,23%
  • Microcréditos en dólares: 39,32%

Además, tanto la diputada Rojas, como los exsuperintendentes y la investigadora de Lead University y moderadora del webinar, Shirley Saborío, recomiendan que cualquier modificación con fines regulatorios necesita de criterios técnicos, los cuales ponen en duda que hayan privado en el 2020.

Vea el webinar completo aquí. 


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