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Falta de liquidez y de certeza: Contraloría ubica falencias en plan del Gobierno para acceder al superávit de instituciones

Proyecto "Pagar" contempla recursos que aún no son dinero líquido y tiene vacíos en el texto

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El proyecto “Pagar”, con el que el Poder Ejecutivo pretende recolectar ¢225.000 millones a partir del superávit de 11 instituciones autónomas, no salió bien parado de su revisión en la Contraloría General de la República (CGR).

La iniciativa es tramitada bajo el expediente 21.794 en la Asamblea Legislativa. Pretende acceder a dichos recursos para el pago de deuda pública. Pero tras la llegada del coronavirus, el equipo económico decidió sumar los potenciales recursos al Plan “Proteger”, que busca ¢1 billón para atender los efectos de salud y económicos de la pandemia.

Una potencial afectación a los recursos del Estado y elementos particulares de la coyuntura actual son parte de los señalamientos hechos por la CGR. Destacaron:

  • liquidez de los recursos: parte de los recursos pretendidos por el proyecto pueden ser saldos por cobrar, lo que no representa dinero líquido para pagos
  • obligaciones: se deberá revisar si existen contratos u obligaciones para los cuales los fondos ya estaban reservados, pues la prioridad será siempre el funcionamiento de cada institución
  • cambio de escenario: el plan llegó en otro momento económico, el golpe de la COVID-19 repercutirá el resto del 2020
  • certeza: no todos los recursos presupuestados están fijos, tal es el caso de ¢9.500 millones que provendrían de la liquidación de un arbitraje de la Refinería Costarriense de Petróleo (Recope), proceso que no ha concluido
  • redacción: aunque el Ejecutivo promete usar los fondos en la pandemia el texto del proyecto sigue sin ajustarse, lo que no permitiría redireccionar los recursos en caso de aprobarse la ley

“En esta coyuntura se debe reconocer además que los ingresos de algunas de las entidades contribuyentes podrían estar siendo afectados por la emergencia sanitaria o presentar otras situaciones que deben ser consideradas por los legisladores, por lo que se sugiere revisar nuevamente las prioridades, ponderando a su vez tanto la posición financiera del Gobierno Central como las necesidades urgentes que demanda la atención de la emergencia”, consideró el órgano contralor.

OBSERVE MÁS: Mal momento económico y trabas legales complican uso de superávits públicos para emergencia por coronavirus

Más críticas

La iniciativa en cuestión busca obtener los recursos no ejecutados de instituciones sociales, turísticas, portuarias y tecnológicas, entre otras.

Aunque algunas como el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y el Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (Incop) ya avalaron el traslado de los recursos, otras argumentan en contra.

La advertencia principal la hizo el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), del que se pretendían obtener, pero que ahora pide ser excluido por ser el sector más afectado por la crisis económica ante la pandemia.

A ellos se sumó la Junta de Protección Social (JPS), indicando que de los ¢34.000 millones proyectados podría trasladar solo ¢19.000 millones. Esto por cuanto el coronavirus conllevó la suspensión de sorteos y por tanto bajaron los ingresos de la institución.

La JPS agregó que su edificio requiere mejoras urgentes y que además debe cooperar con arreglos en el Hospital Geriátrico.

También protestó el sector tecnológico, del que se pretendían obtener ¢23.000 millones.

La Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) alegó que sus recursos se encuentran comprometidos y que dependen de destinos específicos que impiden una libre disposición.

OBSERVE MÁS: Gobierno propone hipotecar futuras ganancias del INS y préstamos para atender efectos económicos de COVID-19

Hacia el billón

El proyecto “Pagar” fue presentado a la Asamblea Legislativa durante la comparecencia del ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, en febrero. (Presidencia)

La llegada de COVID-19 representa una alerta sanitaria, pero también financiera en medio de voces que pronostican un desempleo de hasta el 20%.

En un intento desesperado por encontrar recursos, el Gobierno impulsa el Plan “Proteger” para alcanzar liquidez mediante cinco proyectos específicos.

Además de “Pagar” la lista incluye los préstamos suscritos con el Banco de Desarrollo América Latina (CAF), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Agencia Francesa de Desarrollo por un total de $880 millones. Estos recursos irían al plan de descarbonización y a amortización de deuda, pero ahora tendrán un nuevo uso.

Se suman también el proyecto de ley para destinar el recorte de las pensiones de lujo a programas sociales; y el plan de vender bonos respaldados por las ganancia del Instituto Nacional de Seguros (INS) para los próximos 12 años.

Todos los planes están supeditados a la voluntad de los diputados.

El Congreso está sesionando actualmente en el Auditorio Nacional, para mantener el distanciamiento social entre los diputados. Ya aprobaron el préstamos con CAF y el redireccionamiento al recorte a las pensiones de lujo. (Cortesía)

OBSERVE MÁS: Lotería, chances y Rueda de la Fortuna quedarán suspendidas temporalmente


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Estudiar Derecho me enseñó que lo que realmente cambia las cosas es el periodismo bien hecho.
Si la política o las leyes parecen aburridas es porque nunca nos las han contado de la forma correcta.

Tomás Gómez
Estudiar Derecho me enseñó que lo que realmente cambia las cosas es el periodismo bien hecho. Si la política o las leyes parecen aburridas es porque nunca nos las han contado de la forma correcta.

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