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FARO: Los 3 conflictos legales que la normativa detecta con los datos obtenidos por el MEP

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La intimidad, la protección de datos personales y el interés superior del niño forman parte de los derechos vulnerados mediante los polémicos formularios socioeconómicos de las pruebas FARO, según expertos legales consultados por El Observador.

El test conocido como “Factores Asociados” recabó información calificada como “sensible” por la Ley de Protección de Datos Personales.

Al respecto, el director de la Fundación Privacidad y Datos (Pridat), Daniel Rodríguez, recalcó que según el artículo 3 de tal normativa “ninguna persona está obligada a suministrar datos sensibles”.

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El tratamiento de los datos estaría supeditado a que el titular de los mismos lo autorice o hayan excepciones de interés superior. Esto no califica dentro de los exámenes del MEP.

“El consentimiento de un menor de edad únicamente puede ser otorgado por sus padres. Para  ser válidamente otorgado habría implicado como mínimo revelar cuál es la finalidad del  tratamiento de los datos.

“También el responsable de la base de datos, las personas que podrán consultarla, si la misma puede ser transferida a otras entidades públicas o privadas y el plazo de  conservación”, señaló.

Transparencia y protección de los menores

El hecho de que el MEP haya obtenido información sensible ocasiona problemas nuevos por su manejo y la vulneración que padecieron los niños.

La garantía de transparencia exige que los ciudadanos sepan cuáles son las bases de datos y cómo las alimenta su información.

“Este principio se vio violentado al no informar previamente a los padres de la intención de realizar  esta recolección de datos personales”, enfatizó Rodríguez.

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A ello se suma que el Código de la Niñez y la Adolescencia exige que tanto familia como centros educativos velen por la calidad de vida del niño.

Este tema también es sujeto de polémica. Pridat señaló que el derecho se violó “al no considerar su edad, grado de madurez, capacidad de discernimiento y demás condiciones personales a la hora de someterlos a un interrogatorio escrito sobre sus condiciones socioeconómicas”.

Ojo con la “promesa de destruir datos”

Las pruebas FARO de la semana anterior evaluaron español, matemática y ciencias. El viernes se sumó un polémico test, en el que se indagó sobre la situación de los menores y sus familias.

A eso se sumó una evaluación socioeconómica denominado “Cuestionario de Factores Asociados”. En ellos donde se pidió a los estudiantes dar datos de temas como:

  • situación familiar y del hogar
  • condiciones de la casa
  • bienes materiales como electrodomésticos

Además de lo sensible de los datos, se reclamaron las condiciones que atravesaron los estudiantes, que tardaron hasta cuatro horas en terminar las pruebas y llenar las hojas de respuestas.

En un primer momento la Viceministra del MEP, Melania Brenes, defendió la medida. Ella aseguró que los datos se cruzarían con las notas y culpó a la pandemia por el atraso de los niños al completar las pruebas.

Veinticuatro horas después y con una creciente ola de críticas, la jerarca Guiselle Cruz apareció para anunciar que las pruebas se destruirán. También anunció que el encargado de las pruebas FARO, Pablo Mena, renunció al cargo.

“Hubo un error en su elaboración, pues se obvió que una prueba tan larga era inadecuada para ser aplicada a niños y niñas de 11 ó 12 años. Y que algunas preguntas no se formularon adecuada ni oportunamente”, dijo.

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Sobre la eliminación de los datos, Pridat sugirió que una comisión interinstitucional revise el proceso.

“Si el Ministerio piensa eliminar los datos de forma masiva y por voluntad propia, debe hacerlo garantizando que los documentos no fueron copiados. Y que no podrán ser recuperados en el futuro, con medidas de seguridad óptimas que deben ser reveladas a la población”, dijo Rodríguez.

A las puertas de un voto de censura

Este episodio tiene a la Ministra de Educación a las puertas de la sanción política más grave del país: un voto de censura.

Aunque los diputados valoraban llamarla a comparecer, finalmente acordaron pedir su salida y avanzar con la censura.

El plan tiene el apoyo de Liberación Nacional, Unidad Social Cristiana y Nueva República.

A ello se sumaron diputados independientes como Dragos Dolanescu y Erick Rodríguez, además de Walter Muñoz del PIN.

“Con los niños y las niñas no se juega. El MEP se tomó atribuciones que no le corresponden. Violentó la ley y fue incluso más allá que la infame agencia de espionaje UPAD.

“Esta es una muestra de que el Gobierno sigue intentando controlar la información sensible de los costarricenses, sin contar con el debido permiso”, explicó Jonathan Prendas, líder de Nueva República.

Pablo Heriberto Abarca, del PUSC, añadió que mantener en una clase a estudiantes de 11 años, durante más de cuatro horas, no corresponde con criterios pedagógicos adecuados.

“En qué cabeza cabe poner a los menores a responder 621 preguntas. A las autoridades de Educación se les olvidaron las leyes de protección de la niñez y de la información: ninguna persona está obligada a suministrar datos sensibles”, dijo.

Finalmente, María José Corrales, del PLN, señaló que “una vez más el Gobierno se toma atribuciones que no le competen con el manejo de datos sensibles.

“A la crisis del apagón educativo y a los problemas de fondo que viene arrastrando la educación costarricense, se suma ahora esta reprochable situación sobre la cual la ministra deberá dar las explicaciones que correspondan”, dijo.

Todas las jefaturas también están pidiendo de forma vehemente la renuncia de la viceministra académica y el Consejo Superior de Educación, como responsables directos de FARO.

Insistieron en que se trató de un “desastre” y que no es fácil creer que los datos sean eliminados.

El voto de censura se presentará este lunes a primera hora.

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Tomás Gómez
Estudiar Derecho me enseñó que lo que realmente cambia las cosas es el periodismo bien hecho. Si la política o las leyes parecen aburridas es porque nunca nos las han contado de la forma correcta.

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