Juan Pablo Arias
El deterioro fiscal de Costa Rica de la última década podría estar alcanzando un punto de inflexión luego de la aprobación legislativa del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, afirmó la firma calificadora de riesgo Fitch Ratings este jueves.
Pese a ello, la evaluadora advirtió que los esfuerzos de consolidación aún se ven amenazados por el estancamiento político, una alta carga de los intereses que el país paga por la deuda y el aumento de casos de coronavirus, que se reflejan en la Perspectiva Negativa de la calificación “B” de Costa Rica.
Fitch resaltó que el superávit primario acumulado -equivalente al 0,3% del PIB – que se logró a finales de julio fue el primero desde 2008.
“El superávit fue impulsado por una recuperación más sólida de los ingresos en relación con un crecimiento moderado del gasto, aunque el gasto fue impulsado al alza en parte por el continuo aumento de los pagos de intereses. El presupuesto de 2022 presentado al Congreso el 1 de setiembre apunta a un déficit fiscal del 5% del PIB y un superávit primario del 0,1%, una mejora de 1,3 puntos porcentuales en comparación con el resultado fiscal previsto por el gobierno para 2021”, indicó.
Ruta para la consolidación fiscal
Para la calificadora, las expectativas de mediano plazo presentadas junto con el paquete presupuestario mantienen la ambiciosa ruta de consolidación de cinco años, con el objetivo de un superávit primario del 2,6% para el 2026 (una mejora de 6 puntos porcentuales desde 2020 y 5,3 puntos porcentuales en relación con 2019).
Esto se basa principalmente en medidas de gasto, incluido el cumplimiento de la regla fiscal que limita el crecimiento del gasto a fracciones del crecimiento del PIB nominal pasado; un decreto ejecutivo que limita el crecimiento del gasto corriente; y la Ley de Empleo Público que introduce una escala salarial única y elimina otros componentes salariales, pendiente de la aprobación final del Congreso.
El presupuesto también supone que se promulgarán medidas basadas en los ingresos, como eliminar algunas exenciones de impuestos, aunque están a la espera de la aprobación de la Asamblea Legislativa.
“Anticipamos que la deuda de las administraciones públicas se estabilizará en los próximos cinco años ligeramente por debajo del 70% del PIB, suponiendo que no se desvía de la regla fiscal y la plena implementación de las medidas en el marco de mediano plazo. Las proyecciones presupuestarias para 2022 son consistentes con la consolidación fiscal anticipada en el acuerdo con el FMI acordado por el Congreso en julio, que pronostica un superávit primario superior al 2% del PIB para 2025. La condicionalidad del programa podría ayudar a anclar la política fiscal”, indicó Fitch en su informe de este 9 de setiembre.
Subrayó que la implementación de las medidas de consolidación necesarias para cumplir estos objetivos dependerá principalmente de la próxima administración.
El programa del FMI, que ronda los $1.800 millones, debería seguir reduciendo la presión sobre los costos de los préstamos internos.
Buenos indicadores
Fitch indicó que los rendimientos locales han disminuido más de 260 puntos básicos este año debido a la aprobación del acuerdo con el FMI y los resultados fiscales, lo que alivia los riesgos para la sostenibilidad de la deuda.
Sin embargo, la imposibilidad de obtener la aprobación de la Asamblea Legislatica para el endeudamiento multilateral o la emisión de deuda externa podría elevar los costos de los préstamos locales, como en años anteriores.
La recuperación económica está en marcha tras el 4,1% del PIB de 2020.
“Prevemos una expansión del 3,7% en 2021 antes de que el crecimiento converja a una tasa de mediano plazo del 3%. Sin embargo, los casos de Covid-19 están aumentando nuevamente a pesar de la campaña de vacunación, y las restricciones de movilidad siguen siendo el riesgo clave para la recuperación”, indicó.
