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Fiscal Emilia Navas confirma que Luis Guillermo Solís es investigado por “cementazo”

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El expresidente Luis Guillermo Solís es investigado penalmente por el escándalo de corrupción conocido como el cemento chino.

Así lo confirmó la tarde de este jueves la fiscala general, Emilia Navas, durante su participación en el programa Matices, de Radio Monumental.

“¿Don Luis Guillermo está siendo investigado por el caso del cemento?”, preguntó el conductor del espacio radiofónico Randall Rivera, sin hacer referencia a algún expediente en específico.

“Él es una de las personas que fue denuncia en ese caso”, respondió la jefa del Ministerio Público.

De inmediato, el periodista ahondó: “Bajo el criterio que ustedes tienen, está imputado… a mí el Ministerio Público un día de estos me aclaró que si una persona está siendo investigada es imputada, ¿verdad?”.

El expresidente Luis Guillermo Solís compareció ante una comisión investigadora del Congreso, por el caso del cemento chino en setiembre de 2017. (Roberto Sánchez/Casa Presidencial).

“Sí. Son conceptos que significan lo mismo. Sospechoso, imputado, investigado, endilgado, encartado… todos significan lo mismo”, dijo Navas.

“Entonces, si Luis Guillermo Solís es investigado por el caso del cemento, es imputado”, insistió Rivera.

A lo que la fiscala respondió: “Vamos a ver. Sí, él es una de las personas que está siendo investigada.

Sin medidas cautelares

Navas también fue consultada sobre por qué motivo no se han solicitado medidas cautelares contra el exgobernante.

Ante ello, la fiscala señaló: “La ley nos exige que hayan ciertos presupuestos y si a él (Solís) no se le han solicitado, esto es porque no contamos con esos presupuestos que se nos exige para restringir su libertad de alguna forma”.

Ello pese a que el expresidente vive fuera del país, ya que es docente en la Universidad Internacional de Florida, en Estados Unidos.

La jefa del Ministerio Público aclaró, sin referirse específicamente al caso, que parte de las condiciones para pedir ese tipo de disposiciones tienen que ver con que existan indicios de que la persona cometió el delito.

Escándalo de corrupción

El 19 de junio pasado, el órgano acusador rindió cuentas de los avances en la investigación que sigue alrededor del crédito por $36 millones, otorgado por el Banco de Costa Rica (BCR) para la importación de cemento chino.

Mediante un comunicado, la Fiscalía reveló entonces que 10 personas figuraban como imputadas en el caso, las cuales fueron indagadas y apersonadas al proceso. Estos son:

  • Juan Carlos Bolaños, apoderado de Sinocem, importadora de cemento
  • Mario Barrenechea, gerente general del Banco de Costa Rica
  • Paola Mora, presidenta del Banco de Costa Rica
  • Marvin Corrales, subgerente de Banca Minorista
  • Andrés Víquez, subgerente de Banca Mayorista
  • Leonardo Acuña, subgerente de Finanzas y Riesgos
  • Ramírez, director de Gestión de Créditos
  • Gilberth Barrantes, gerente corporativo de Riesgos y Control Interno
  • Javier Rojas, gerente general de Sinocem
  • Mario Cortés, representante de Sinocem

Ahora, a la lista se une el responsable de la administración 2014-2018.

La cantidad de involucrados motivó que el expediente principal, el 16-000013-0033-TP, fuera declarado de “tramitación compleja” por el Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública el 4 de octubre de 2018.

De forma paralela existen otras 22 causas penales abiertas.

Previamente señalado

Una comisión especial investigadora de la Asamblea Legislativa del periodo pasado encontró aparentes faltas al deber de probidad por parte de Solís en el caso en cuestión.

Dicho foro pidió a la Procuraduría de la Ética Pública (PEP) indagar si el expresidente violentó la Ley de Enriquecimiento Ilícito al recibir en la Casa Presidencial al importador Bolaños.

Sin embargo, el órgano procurador libró de culpas al exmandatario; aunque su informe ahora está bajo investigación en Cuesta de Moras, debido a una serie de irregularidades que impidieron a los anteriores y actuales congresistas impugnar el documento.

En reiteradas ocasiones, el exgobernante ha manifestado su anuencia a rendir cuentas sobre este y otros casos por los que figura penalmente, como el caso del faltante de ¢900.000 millones en el Presupuesto Nacional de 2018.


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