La Fiscal General, Emilia Navas, desconocía las investigaciones que durante más de dos años llevó adelante el Ministerio Público por las presuntas irregularidades en la contratación de obras de mantenimiento de la red vial nacional.
“Cabe destacar que la jerarca no se había inhibido antes porque desconocía la existencia de esta investigación, lo cual refleja la independencia que desde el inicio de su gestión dio Navas Aparicio a la Fiscalía Anticorrupción, para proceder conforme la Ley lo exija”.
Así lo comunicó la Fiscalía General al ser consultada sobre si Navas se mantendría dentro del caso, dado que su esposo, Francisco Campos, es abogado de algunas de las empresas investigadas.
Desde su oficina se indicó que el trámite de inhibitoria se completará el próximo jueves, pues la Jefa del Ministerio Público está de vacaciones.
“Estando en vacaciones, no le es posible firmar oficios en calidad de Fiscala General”, se indicó a través de oficina de prensa.
En este caso, dado que no están bajo investigación jerarcas de los Supremos Poderes, como el Presidente o sus ministros, no es requisito la presencia de Emilia Navas.
En caso de que algún trámite requiriera de los máximos jerarcas del Ministerio Público, el lugar de Navas sería asumido por el fiscal subrogante Warner Molina.
El director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Walter Espinoza explicó que el período de investigación de este caso, comprendió los años 2018, 2019 y primer trimestre del 2020.
Indicó que la causa se catalogó como de crimen organizado. Esto les permitió acceder herramientas de investigación diferentes a las que se usan, por ejemplo, si fuera solo por corrupción.
Entre esos instrumentos está la intervención telefónica y el levantamiento del secreto bancario de las personas bajo investigación. De acuerdo con el OIJ, podrían ser 72 personas las indagadas por este caso.
Los casos donde se investiga a jerarcas de los Supremos Poderes sí demandan la participación directa de la Fiscal Emilia Navas. (Tomás Gómez/El Observador)
¿Por dónde va el expediente tras allanamientos?
Los allanamientos del lunes destaparon una investigación que llevaba al menos dos años. En ella se analizaban posibles irregularidades en la contratación de obras públicas.
Más de 600 agentes judiciales realizaron las pesquisas en oficinas privadas, casas de habitación e instituciones públicas. La lista abarcó el Conavi, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes y hasta Casa Presidencial por segunda vez en la historia.
Hasta el medio día del martes eran 30 los detenidos, investigándose los delitos de:
- cohecho propio
- tráfico de inflencias
- estafa
- falsedad ideológica
- uso de documento falso
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El destino de los detenidos se definirá en una audiencia del Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública.
La causa es investigada mediante el expediente 19-000025-1218-PE, asignado a la Fiscalía Anticorrupción.
Cinco allanamientos, incluído el del Conavi, continuaron durante este martes (Krissia Morris/El Observador)