Hermes Solano
Este viernes 18 de junio Warner Molina asumirá funciones como Fiscal Subrogante, y entre sus funciones deberá sustituir a la Fiscala General ante ausencias temporales o inhibitorias.
En medio del Caso Cochinilla, donde se investiga una red de corrupción de funcionarios públicos con dos empresas de construcción en obra pública, Molina planteó la inhibitoria ante la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción.
Lo hizo como fiscal de la República, según confirmó el Ministerio Público y no como Subrogante, porque todavía no inicia funciones en ese cargo.
“El motivo de la inhibitoria es por causal de parentesco con una de las personas investigadas”, indicó la Fiscalía a través de su departamento de prensa.
Molina es el fiscal adjunto de legitimación de capitales y capitales emergentes.
Esta inhibitoria se une a la de la Fiscala General Emilia Navas quien la planteó debido a que su esposo es el defensor de una de las empresas investigadas.
Hasta este jueves, Navas dio a conocer su posición, debido a que se encontraba de vacaciones.
Por ahora no ha habido necesidad de que la Fiscalía General conozca el expediente del caso, porque no hay ninguna persona con fuero especial o inmunidad que esté implicada en los hechos.
Esto se refiere a los cargos de Presidente de la República, Ministros, Diputados o Magistrados.
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¿Qué pasa si tienen que intervenir?
En caso de que esta investigación avance y se tenga que tramitar un expediente paralelo en el que figure una de las personas señaladas anteriormente, es decir, con fuero especial, se debe aplicar un protocolo creado en 2019.
Se trata del “Protocolo para la prevención, identificación y gestión de los conflictos de interés de la Fiscala General o Fiscal General del Ministerio Público de Costa Rica”.
Este procedimiento funciona para evitar posibles conflictos de interés y permite que se llame a un Consejo de Fiscales, un órgano compuesto por fiscales adjuntos.
Ese Consejo no contará con la participación de las personas inhibidas y se hará una votación de una terna de fiscales propuestos para que asuma la investigación contra esa persona con fuero.
La terna se enviaría a la Corte Plena para que ese órgano elija a la fiscala o fiscal adjunto a cargo de esa eventual investigación.
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