Paulo Villalobos
La etapa preparatoria del expediente principal del escándalo de corrupción conocido como el caso del cemento chino, el cementazo, está próxima a finalizar.
Aunque evitó adelantar cuándo remitirá al Juzgado Penal de Hacienda y de la Función una requisitoria (acusación, desestimación o sobreseimiento), la fiscala General Emilia Navas sí destacó que realizan “con rapidez” un análisis de la prueba recabada en los últimos años.
La pesquisa en cuestión gira alrededor de un crédito por $36 millones, otorgado por el Banco de Costa Rica (BCR) a Sinocem Costa Rica S.A. para la importación de cemento procedente desde China. Dicha empresa pertenece a Juan Carlos Bolaños, el supuesto gestor de una sustracción de bienes públicos.
“Vea, ni en ese ni en ningún caso puede decirse para cuando finaliza la fase preparatoria y se toma una decisión. Lo que sí le puedo decir es que en este caso ya estamos en la etapa de estudio de toda la prueba”, indicó a El Observador la jefa del Ministerio Público.
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Consultada sobre si es posible que alguna acusación sea presentada este año, la jerarca respondió: “No podría decirle pero la intención es que el análisis de toda la prueba que se recabó en los últimos dos años se pueda hacer con rapidez, para que se pueda resolver el caso con rapidez”.
Navas destacó que las investigaciones por casos de corrupción requieren tiempo, debido a la cantidad de involucrados, así como el tipo de evidencias que se requiere.
A ello se le suman las restricciones presupuestarias que sufren la Fiscalía y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
“Lo que queremos es no desperdiciar el tiempo y, como ya tenemos toda la prueba en el expediente, tomar una decisión apenas termine el análisis de la evidencia”, explicó la cabeza del órgano acusador.
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Múltiples involucrados
El 19 de junio de 2019, la Fiscalía General rindió cuentas sobre la pesquisa.
Para ese momento, mediante un comunicado, el Ministerio Público informó que 10 personas figuraban como imputadas y que estas ya habían sido debidamente indagadas, en el marco del legajo principal (16-000013-0033-TP) de la investigación, que tiene que ver con un giro de $30 millones del Banco de Costa Rica a Sinocem Costa Rica S.A.
En una segunda causa (la 17-000013-0033-PE) se investiga otro crédito de $5 millones desembolsado por el Banco Popular y de Desarrollo Comunal al Grupo JCB, en el que Juan Carlos Bolaños también es apoderado.
Asimismo, existe una pesquisa por aparente administración fraudulenta, que fue abierta a raíz de una denuncia interpuesta por Asociación de Empleados del Banco Nacional de Costa Rica (Asebanacio). Esta le giró a Juan Carlos Bolaños un préstamo por unos $32 millones, de los cuales, el importador dejó un saldo sin pagar por $3,6 millones. Esta investigación (la 17-000075-0033-PE) por el momento avanza sin imputados individualizados.
Contra Bolaños además existe otra causa (la 17-000067-0033-PE) en la Fiscalía Adjunta de Fraudes, donde se le investiga por una aparente estafa contra Oceánica de Seguros.
Él también figuraba en una pesquisa — aunque esta no se relaciona con el caso del cemento chino — por aparentes favorecimiento que recibieron sus empresas — Sinocem Costa Rica S.A. y Alquiler de Maquinaria S.A. — con contratos de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE).
Dicho expediente (17-000082-1218-PE, donde aparecían Bolaños, Figueres, Víquez, Céspedes y Marín) ya se remitió al Juzgado Penal de Hacienda con una acusación y otros cuatro “requerimientos conclusivos”.
El Ministerio Público se reservó la identidad del acusado.
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Paulo Villalobos
