Tomás Gómez
La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción abrió una investigación por el presunto delito de incumplimiento de deberes en la entrega de los bonos Proteger.
Así lo informó esa entidad tras consulta hecha por El Observador. La fiscalía tomó las acciones tras un informe elaborado por la Contraloría General de la República, el cual fue solicitado por la fiscalía.
Al caso se le asignó el número de expediente 21-000009-1218-PE y se encuentra en la etapa de recolección y análisis de prueba. De momento no hay personas imputadas individualizadas.
Por ser una fase privada de la investigación, no es posible brindar más detalles.
Señalamientos de la Contraloría
En el estudio hecho por el ente contralor sobre el Bono Proteger, se determinó que hubo problemas que radican en filtraciones, errores de pago y del monto del beneficio. También en personas que, de acuerdo con sus condiciones, calificaban para recibir el beneficio y no lo recibieron.
Adicionalmente, el 16,4% de los bonos entregados entre los meses de abril y julio presentan riesgo de haberse otorgado a personas con algún impedimento para recibirlos.
“Dicho porcentaje representaría un total de ¢7.490 millones en posibles recursos que fueron asignados a personas que presentaban dicho riesgo”, detalló la entidad.
Luego de analizar las bases de datos y aplicación de entrevistas de beneficiarios se determinó que hubo niveles de riesgo medio y alto, de personas que entregaron información incorrecta, inconsistente o errónea.
“Por lo que se estima una eventual asignación de recursos, dada dicha situación, por montos que oscilan entre los ¢3.759 millones y ¢7.556 millones, respectivamente”, añade el informe contralor.
El Gobierno creó el Bono Proteger para girar, por tres meses, una ayuda económica, que oscilaba entre los ¢62.500 y los ¢125.000.
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Diputados también investigan
Por su parte, y con base en el mismo informe, un grupo de diputados abrió el pasado 14 de enero una investigación a los encargados del manejo de recursos públicos utilizados en el bono Proteger que se habilitó por la pandemia.
El análisis político estará en manos de la Comisión Legislativa de Ingreso y Gasto Público del Congreso.
De esta forma, fueron llamados a cuentas los siguientes funcionarios:
- Geannina Dinarte, ministra de Presidencia. En su puesto como jerarca de Trabajo estuvo a cargo de los bonos
- Juan Luis Bermúdez, presidente del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)
- Marta Acosta, contralora General de la República
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