Tomás Gómez
Los primeros cinco sospechosos por aparentes irregularidades en el proceso de contratación de tobilleras electrónicas ya fueron indagados, según una confirmación de la Fiscalía General de la República.
El Ministerio Público abrió la investigación contra “ignorado” bajo el expediente 18-000094-1218-PE, pero en las últimas fueron convocados:
- Celso Gamboa: exministro de Seguridad y exmagistrado
- Victor Hugo Víquez: exdiputado por Heredia (2010-2014)
- Allan Benavides: gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH)
- Juan David Rothe: empresario
- Gerard Schalk van Andel: empresario
El proceso podría incluir a más figuras pero la Fiscalía detalló que solo facilitan las identidades una vez que se tome la declaración indagatoria.
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El caso está asignado a la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción y se ha engrosado con investigaciones del OIJ.
Su trámite arrancó desde el 2018 a partir de dos denuncias anónimas relacionadas al proceder de la ESPH para participar en diversas contrataciones públicas y al trámite seguido por el Ministerio de Justicia para adquirir la vigilancia electrónica de reos.
La relación se estaría facilitando pues las relaciones entre entes públicos tienen menos trabas burocráticas.
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El supuesto delito señalado es tráfico de influencias, que se configura cuando se actúa sobre un funcionario público para que haga, retarde u omita nombramientos, adjudicaciones o contratos propios de su cargo, generando así beneficios a terceros.
Según la Ley Contra la Corrupción, el delito tiene una pena de prisión de 2 a 5 años.
El plan de monitoreo electrónico mediante tobilleras se impulsó con el BID pero luego el Ministerio de Justicia optó por manejarlo con presupuesto propio (MJP)
Tobilleras vía WhatsApp
Como publicó El Observador hace 10 días, uno de los componentes más determinantes en la investigación fue la revisión de los mensajes de WhatsApp del exdiputado Víquez.
El material decomisado en un allanamiento relacionado al “Cementazo” a alimentado otras investigaciones, incluída la de las tobilleras.
Un informe del OIJ al que este medio tuvo acceso determinó que “se logró determinar que efectivamente existía una red como lo mencionó uno de los informantes, esta red de índole criminal”.
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Los hallazgos se sintetizan en el oficio 026-SADEF-CI-2020 donde califican de “cacería” la estrategia de la jerarquía de la ESPH para ganar contratos.
Uno de los puntos analizados parte de que al momento de contratar las tobilleras, el Ministerio de Justicia estaba a cargo de Cecilia Sánchez, madre del entonces magistrado Celso Gamboa.
Ello habría sido aprovechado para generar puentes por el exdiputado Víquez e intentar establecer espacios.
“Por medio de Celso Gamboa Sánchez, Víctor Hugo pretende allanar el camino para poder reunirse con la entonces Ministra de Justicia y Paz, con el objetivo de conversar acerca del proyecto de los brazaletes electrónicos, el Magistrado e hijo de la señora Ministra de Justicia, Celso Gamboa estaba influyendo directamente en su madre para facilitar esas reuniones”, indica la página 25.
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Como parte del análisis también se revisan los intercambios de Víquez con empresas privadas con las que la ESPH buscaría subcontratar parte de los servicios. Esto dada la falta de experiencia en el rubro.
Así por ejemplo en una ocasión se pretendía traer un experto en monitereo desde Brasil con quien se intentaba generar una reunión con la Ministra.
Dudas, quejas y controversias
La implementación del monitoreo electrónico se comenzó a gestar durante el Gobierno de Luis Guillermo Solís.
En el 2015, bajo la tutela de Cristina Ramírez como Ministra de Justicia, se lanzó un primer concurso en alianza con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Al año siguiente, y ya con Cecilia Sánchez como ministra, se decidió ejecutar el plan con recursos del presupuesto nacional.
Para la contratación se presentaron dos entes públicos: Radiográfica Costarricense (Racsa) y la ESPH. Esta última resultó ganadora pero tenía que subcontratar parte del servicio.
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Desde ese momento comenzaron los cuestionamientos políticos al plan y el entonces diputado Mario Redondo pidió una investigación de la Contraloría. Entre otras, señaló el procedimiento y los elementos ofrecidos por el proveedor subcontratado.
El proyecto sumó nuevas polémicas una vez implementado por tarifas, errores y hasta explosión de tobilleras.
Según denunció la ESPH en setiembre del 2019, en el lapso de un año habían enviado al menos 8 oficios a la exministra Marcia González alertando sobre falencias en el monitoreo de personas por parte de Justicia.
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El gerente del ente, el ahora imputado Allan Benavides, denunció que 430 tobilleras estaban descaragas y 166 tenían problemas de cobertura.
Justicia, por su parte, alegó que se trataba de interrupciones temporales de la comunicación. La exministra González llegó a culpar a los jueces, a quienes señaló un lento actuar cuando se les denunciaban incumplimientos al beneficio de la tobillera.
