Tomás Gómez
Una denuncia que llegó a la Fiscalía, en junio del 2018, pedía investigar diversas contrataciones del sector público alegando supuestos actos cuestionables. En la lista aparecían varios servicios ofrecidos por la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH), entre ellos, parquímetros y tobilleras electrónicas.
Una segunda denuncia se sumó tres meses después y en ella, de forma anónima, un grupo que se presentaba como funcionarios del Ministerio de Justicia sugirió analizar las influencias que hubo para contratar las tobilleras electrónicas con la ESPH.
La Fiscalía abrió la investigación contra “ignorado” bajo el expediente 18-000094-1218-PE pero en las últimas semanas ha convocado en calidad de imputados por el caso a:
- Celso Gamboa: exministro de Seguridad y exmagistrado
- Victor Hugo Víquez: exdiputado por Heredia (2010-2014)
- Allan Benavides: gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia
- Juan David Rothe: empresario
- Gerard Schalk van Andel: empresario
El caso está asignado a la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción y se ha engrosado con investigaciones del OIJ donde se profundizó la gestión de representantes de la ESPH en diferentes procesos para eventuales contrataciones públicas.
Estas se estarían facilitando pues las relaciones entre entes públicos tienen menos trabas burocráticas.
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El supuesto delito señalado es tráfico de influencias, que se configura cuando se actúa sobre un funcionario público para que haga, retarde u omita nombramientos, adjudicaciones o contratos propios de su cargo, generando así beneficios a terceros.
Según la Ley Contra la Corrupción, el delito tiene una pena de prisión de 2 a 5 años.
Tobilleras de la discordia
La implementación del monitoreo electrónico se comenzó a gestar durante el Gobierno de Luis Guillermo Solís.
En el 2015, bajo la tutela de Cristina Ramírez como Ministra de Justicia, se lanzó un primer concurso en alianza con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Al año siguiente, y ya con Cecilia Sánchez -madre del exmagistrado Celso Gamboa- como ministra, se decidió ejecutar el plan con recursos del presupuesto nacional.
Para la contratación se presentaron dos entes públicos: Radiográfica Costarricense (Racsa) y la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH). Esta última resultó ganadora pero tenía que subcontratar parte del servicio.
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Desde ese momento comenzaron los cuestionamientos políticos al plan y el entonces diputado Mario Redondo pidió una investigación de la Contraloría. Entre otras, señaló el procedimiento y los elementos ofrecidos por el proveedor subcontratado.
Por el mismo tema la Fiscalía recibió 2 denuncias en el 2018. En ellas se cuestionaba la adjudicación a la ESPH y se pedía revisar el rol de varios políticos en el proceso.
Poniendo nombres a la investigación
Aunque el proceso comenzó a llevarse contra “ignorado”, documentación a la que tuvo acceso este medio demuestra la diversidad de funcionarios bajo investigación en el caso.
Los avances llevaron a la convocatoria del exmagistrado Gamboa y el exdiputado Víquez quienes rindieron declaración el 19 y 27 de octubre respectivamente.
Se intentó consultar a ambos por el tema pero Víquez alegó tener prohibición de la Fiscalía para referirse al tema. Gamboa no contestó su celular ni los mensajes de WhatsApp.
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También se notificó en la causa a Rothe, van Andel y Benavides para presentarse a fines de noviembre.
Al mismo legajo se acumuló en marzo anterior el expediente 19-00045-033-PE, en contra de la exministra Marcia González. Aún no figuran seguimientos a los señalamientos en su contra dentro de la causa judicial.
El Observador consultó a la Fiscalía sobre otros posibles imputados o investigados pero no hubo respuesta al cierre de esta nota.
Monitoreo a medias
Además de los puntos bajo investigación judicial, la idea de fortalecer el monitoreo electrónico como medida alternativa al encierro topó con dificultades técnicas en los últimos años.
Según denunció la ESPH en setiembre del 2019, en el lapso de un año habían enviado al menos 8 oficios a la exministra Marcia González alertando sobre falencias en el monitoreo de personas por parte de Justicia.
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El gerente del ente, el ahora imputado Allan Benavides, denunció que 430 tobilleras estaban descaragas y 166 tenían problemas de cobertura.
Justicia, por su parte, alegó que se trataba de interrupciones temporales de la comunicación. La exministra González llegó a culpar a los jueces, a quienes señaló un lento actuar cuando se les denunciaban incumplimientos al beneficio de la tobillera.
Una nueva polémica surgió en abril anterior cuando Justicia pidió la ESPH una modernización de equipos. Ante ello que la firma Cesa, proveedora de las tobilleras, amenazó con demandar al Estado.
