El rector de la Universidad de Costa Rica (UCR), Gustavo Gutiérrez, confirmó que el viernes anterior rindió la declaración obligatoria ante la Fiscalía del II Circuito Judicial de San José.
A él se le achaca el supuesto delito de prevaricato. Este se configura cuando un funcionario dicta resoluciones contrarias a la ley o fundadas en hechos falsos. El artículo 357 del Código Penal impone en estos casos una condena de 2 a 6 años de prisión.
La acción judicial se debe a la denuncia que interpuso un grupo por disponer que la vacunación anticovid es obligatoria.
Un grupo contrario a la vacunación interpuso una denuncia, la cual ya avanza en la Fiscalía.
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No obstante, Gutiérrez asegura que la obligatoriedad de la vacuna se dictó siguiendo todos los parámetros legales y científicos.
“Todas nuestras decisiones han estado amparadas en criterios expertos en materia sanitaria y jurídica, fundamentadas en la normativa vigente y la jurisprudencia constitucional. Me siento respaldado por actuar a conciencia y a derecho en este aspecto, pues nuestras decisiones han protegido y protegerán la salud de la comunidad universitaria”, indicó.
UCR pionero
El 27 de setiembre anterior la UCR emitió la resolución R-240-2021. Esta fue la primer disposición sobre la vacunación obligatoria entre empleados públicos, mucho antes de que el Gobierno impusiera la misma medida entre el resto de burócratas.
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A noviembre, cerca de 1000 empleados universitarios seguían sin vacunarse. A ellos se les aplicaron sesiones de capacitación para aumentar la inoculación.