Paulo Villalobos
La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) investiga una aparente influencia contra la Hacienda Pública, en el proceso para la contratación de la alimentación y mobiliario de las sesiones de inicio de legislatura en el Congreso.
Ante consulta de El Observador, el Ministerio Público confirmó el avance de las pesquisas, iniciadas a raíz de una denuncia presentada por aparentes anomalías administrativas cuando se dio el concurso para contratar las empresas que brindaron los servicios de inmobiliario y alimentación en los actos solemnes del 1º y 2 de mayo de 2019.
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La causa está contenida en el expediente 19-000124-1218-PE y se sigue contra ignorado, es decir, que hasta ahora no existen imputados.
Como parte de la investigación, el pasado 20 de junio, el órgano acusador, en coordinación con agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), dirigió una diligencia en el Congreso mediante la que se llevó a cabo el secuestro de los expedientes relacionados con la contratación.
Debido a que la causa se encuentra en la etapa preparatoria (que es privada para terceros), la oficina de prensa del Ministerio Público indicó que no es posible brindar mayor información, en apego al artículo 295 del Código Procesal Penal.
Seguimiento interno
El director ejecutivo del Parlamento, Antonio Ayales, dijo vía telefónica a este medio que no podía referirse al fondo de la pesquisa. Sin embargo, explicó que ordenó al Departamento de Asesoría Legal la apertura de una investigación preliminar sobre la contratación directa por ¢9 millones (¢4.5 por cada servicio).
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El resultado de esta investigación interna debería conocerse esta semana, según Ayales.
Con este proceso se pretende determinar qué personas estuvieron involucradas en el concurso, y si hubo alguna irregularidad.
Ayales dijo desconocer cuál fue la empresa contratada para el inmobiliario y la alimentación.
Paulo Villalobos
