Paulo Villalobos
Un total de 39 investigaciones contra miembros de los supremos poderes permanecen abiertas en la Fiscalía General de la República.
En ellas figuran presidentes, ministros, diputados y magistrados; cuestionados por hasta 18 presuntos delitos.
Así consta en un informe que elaboró la oficina de prensa del Ministerio Público ante una solicitud de El Observador.
Todos los procesos se encuentran en la etapa inicial, que es privada para personas ajenas al proceso.
Procedimientos especiales
El órgano acusador del Estado explicó ante consulta de este medio, que una investigación se puede iniciar de oficio o a partir de una denuncia.
Cuando ocurre lo segundo, la acción es estudiada por un fiscal, que por medio de un tamizaje inicial, determina si el caso debe permanecer en la Fiscalía General o si debe pasar a un despacho territorial o especializado.
Con base en ese análisis, también se determinará si los hechos que se denunciaron pueden ser constitutivos de delitos o no.
Esto último porque puede darse que un relato corresponda a una contravención, un asunto civil o contencioso, y no a uno penal.
Si fuese así, se le informa al denunciante la vía a la que debe acudir.
Una vez que un procedimiento contra una persona con fuero especial supera la fase inicial, la Fiscalía General podrá presentar desestimación, sobreseimiento o acusación ante la Corte Suprema de Justicia. En el último de los escenarios, los magistrados estudiarán su procedencia para el antejuicio y el levantamiento de la inmunidad.
Si alcanza a superar ese trámite, la acusación se remitirá a la Asamblea Legislativa. Ahí se valorará la pertinencia de levantar el fuero tanto en comisión como en el plenario, donde requiere al menos 38 votos.
Una vez que se despoja al funcionario de su inmunidad, se nombra a un magistrado de la Sala de Casación Penal como instructor. Ese alto juez hará la prevención al imputado para que designe un defensor en tres días, y luego procederá a tomarle declaración indagatoria. Después se darán cinco días a las partes para presentar pruebas.
Transcurrido ese plazo se señalará la fecha de un debate oral y público, realizado por la Sala Tercera. La sentencia de ese órgano podrá impugnarse por las partes y competerá a la Corte Plena conocer de ella.
Presidentes investigados
De las 39 pesquisas abiertas, en 5 aparecen como imputados los máximos representantes de los supremos poderes.
El presidente de la República, Carlos Alvarado, figura en una misma causa junto a sus homólogos de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz, y del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), Luis Antonio Sobrado.
Se trata del expediente 18-000159-0033-PE, iniciado por una faltante en el Presupuesto Nacional de 2018, que obligó al pago de deuda externa sin la debida autorización del Congreso.
En el caso también se investiga al expresidente Luis Guillermo Solís, el exvicepresidente y exministro de Hacienda, Helio Fallas, y su sucesora en la cartera, Rocío Aguilar.
Alvarado, Cruz y Sobrado dijeron a este medio que no han sido puestos en conocimiento sobre ese caso; al mismo tiempo que dijeron respetar la independencia funcional del Ministerio Público.
Misma postura manifestó el gobernante cuando se le consultó por los expedientes 19-000016-0033-PE, en el que se le investiga por aparente prevaricato; así como el 19-000034-0033-PE, de nuevo por un supuesto incumplimiento de deberes.
Esa situación ocurrió con el juez, contra quien se mantienen abiertas otras dos causas por presuntos fraude a la Ley en la Función Administrativa (19-000028-0033-PE) y nombramientos ilegales (19-000038-PE).
La otra investigación tiene que ver con una aparente legislación en provecho propio que se tramita bajo el expediente 19-000015-0033-PE, contra el presidente legislativo, Carlos Ricardo Benavides.
Al diputado del Partido Liberación Nacional (PLN) tampoco le notificaron hasta ahora. Él señala que el caso no es más que “una sacada de clavo” de los sindicatos del Poder Judicial. Los hechos ahí investigados se refieren a un supuesto beneficio que recibió el congresista con una amnistía que se incluyó en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
Benavides defendió que nunca solicitó acogerse a la condonación de intereses, sino que el Ministerio de Hacienda se la aplicó automáticamente. El diputado canceló voluntariamente ¢1,7 millones que le perdonaron.
Paulo Villalobos
