Tomás Gómez
La Fiscalía pidió mantener, por un año más, la suspensión del cargo de los 6 alcaldes involucrados en el denominado Caso Diamante.
Así lo solicitó el Ministerio Público durante la audiencia de revisión de medidas cautelares que se realiza el II Circuito Judicial y este martes fue el turno de exposición de la Fiscalía.
En el expediente de este caso figuran
- Johnny Araya, San José
- Humberto Soto, Alajuela
- Mario Redondo, Cartago
- Alberto Cole, Osa
- Alfredo Córdoba, San Carlos
- Arnoldo Barahona, Escazú
A todos ellos se les separó del cargo desde noviembre, en una medida que regiría por seis meses.
Dicho plazo vence el próximo jueves, por lo que se espera con atención la resolución que darán el tribunal.
La Fiscalía Anticorrupción confirmó la petición. A ello se suma el pedido de impedimento de salida del país y de acercarse a sus oficinas.
El Caso Diamante investiga eventuales irregularidades en la contratación de obras públicas a nivel de los gobiernos locales.
Además de las municipalidades con alcaldes bajo la lupa también se investiga a personal del Municipio de Golfito.
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El sonado caso
El Caso Diamante estalló el 15 de noviembre anterior tras una serie de allanamientos en municipalidades, empresas, oficinas del MOPT y hasta la casa de varios alcaldes.
En ella se investigan supuestos actos irregulares en la contratación de obras públicas de los gobiernos locales.
La investigación había iniciado en 2019 y concluyó en agosto pasado. En ella se recurrió incluso a la intervención telefónica.
Resultado de las operaciones, fueron detenidas 13 personas, entre ellas los 6 alcaldes:
También están bajo investigación funcionarios de las municipalidades de San José, Alajuela y Golfito.
Sin salario y alejados de las municipalidades
Los imputados del Caso Diamante pasaron tres días detenidos al inicio del caso, pero fueron liberados el 17 de noviembre. Esto luego de que la Fiscalía rechazara pedir prisión preventiva contra ellos.
No obstante, en la audiencia concluida el 19 de noviembre anterior sí se separó a los alcaldes del cargo. La medida es por seis meses y también incluye impedimento de salida del país, imposibilidad de comunicarse con testigos y prohibición de acercarse a las municipalidades.
En ese plazo los jerarcas están sin salario, luego de que renunciaran al mismo o se les congelara por disposición del respectivo Concejo Municipal.
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