Paulo Villalobos
La información publicada por el diario ABC, sobre una aparente legitimación de capitales en el país, por parte del régimen de Nicolás Maduro, es insuficiente para el inicio de una pesquisa penal.
El Ministerio Público informó que requiere de indicios sustanciosos para valorar la apertura de un expediente, en el cual pueda investigar los datos revelados por el sitio español de noticias, a partir de una investigación del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
La pesquisa apunta a que el gobierno socialista sudamericano movió en Costa Rica dineros provenientes de los carteles de droga de México, a través de un puerto en Limón.
El Observador consultó a la oficina de prensa del órgano acusador si existe alguna causa abierta y esta extendió la solicitud a tres de sus fiscalías adjuntas:
- Contra el Narcotráfico y Delitos Conexos
- De Limón
- Contra la Legitimación de Capitales
Ante ello, los despachos “indicaron que no desarrollan ninguna investigación relacionada con los hechos expuestos en la publicación del medio ABC“, según el departamento de comunicaciones del Ministerio Público.
“En el caso de la última oficina mencionada, esta señaló que si en algún momento ingresa un requerimiento formal al despacho por parte de una agencia federal (de EE.UU.), con algún indicio sustancioso, se podría dar apertura a una causa”, extiende la respuesta a este medio.
No obstante, en caso de que se ordenara una pesquisa por legitimación de capitales o financiamiento al terrorismo, la Fiscalía estaría imposibilitada para dar detalles que pongan en riesgo las investigaciones.
Esa limitación está contemplada en el artículo 61 de la Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo.
Revelación periodística
Según la publicación de ABC, Venezuela usó cargamentos de comida enviados desde México, para “recibir camuflado dinero en efectivo” del narcotráfico, “en pago por los envíos de droga remitidos por los dirigentes” del régimen de Nicolás Maduro.
Dicha operación -en apariencia- se logró mediante una parada de los barcos en la terminal de la estatal venezolana Aluminios Nacionales S.A (Alunasa), en el Puerto Limón, en Costa Rica.
A través de la empresa, se sospecha que el dinero ingreso al sistema financiero. De ahí, llegó a las cuentas de Diosdado Cabello y Tarek el Aissami.
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El primero es el actual presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de la nación petrolera, mientras que el segundo, además de ser acusado en Estados Unidos por presunto narcotráfico, ocupó la vicepresidencia en un año de mandato de Nicolás Maduro.
Asimismo, la investigación señala que el trasiego se efectuó en cargamentos gestionados por la empresa mexicana El Sardinero Es Servicio S.A. Esta es la compañía que más alimentos exportó a Venezuela para el programa de Comités Locales de Abastecimiento y Producción de Venezuela.
Otros vínculos
Dicho grupo, a su vez, se vio beneficiado por el actual presidente de México, Andrés Manuel López. En la gestión de su predecesor, Enrique Peña, a la compañía se le sancionó.
El medio mencionó que las compras de comida de Venezuela son manejadas por Alex Saab y Álvaro Pulido, dos colombianos de larga trayectoria. El primero es vinculado a las Fuerzas Armas Revolucionarias (FARC), al tiempo que el segundo ya cumplió tiempo en la cárcel por cargos de narcotráfico.
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Ambos habrían organizado la logística, mediante la empresa Group Grand Limited, para la compra de alimentos en México.
En julio de 2019, el Departamento del Tesoro denunció que el negocio se basa en el sobreprecio o incluso el envío de productos ya caducados. Un año antes, la institución alertó que Cabello utilizó Aluminios Nacionales para lavar dinero.
Por ese mismo motivo el Banco Nacional de Costa Rica (BNCR) cerró las cuentas al ente estatal.
Negación gubernamental
El ministro de la Presidencia, Víctor Morales, descartó este martes que Aluminios Nacionales S.A. emplee terminales costarricenses para legitimar capitales del narcotráfico mexicano.
De hecho, el jerarca negó que la empresa tenga control sobre alguno de los puertos nacionales.
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Entretanto el Ministerio de Comercio Exterior (Comex) indicó ante consulta de este medio que la empresa de aluminios es beneficiaria del régimen de zonas francas desde 1998.
Por lo tanto, ésta se expone a sanciones contempladas en la normativa que regula al sector.
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Las mismas incluyen multas por hasta 300 salarios base (¢133 millones), supresiones temporales o totales del régimen de zonas francas, entre otras.
Sin embargo para que las mismas se puedan imponer es necesario que alguna transacción de la compañía se considere ilegal.
Colaboró en esta información la periodista Paula Umaña.
Paulo Villalobos
