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Fiscalía solicitó prisión preventiva para 13 personas por el Caso Azteca; cuatro son funcionarios del AyA

La Fiscalía de Narcotráfico solicitó prisión preventiva contra 13 de los 25 detenidos el martes, relacionados con el llamado “Caso…

Por Hermes Solano

Tiempo de Lectura: 2 minutos
Fiscalía solicitó prisión preventiva para 13 personas por el Caso Azteca; cuatro son funcionarios del AyA
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La Fiscalía de Narcotráfico solicitó prisión preventiva contra 13 de los 25 detenidos el martes, relacionados con el llamado “Caso Azteca”.

De ellos solo cuatro son funcionarios de Acueductos y Alcantarillados. Los otros nueve son integrantes de la supuesta estructura criminal que trasegaba droga y lavaba dinero a través de dos empresas constructoras.

“Esto obedece a una valoración individual de los peligros y arraigos procesales con los que cuenta cada persona, así como de los delitos atribuidos”, indicó el Ministerio Público este jueves.

Desde el martes por la noche, los 12 funcionarios del AyA restantes quedaron en libertad. A ellos se les aplicarán otras medidas cautelares.

Estas personas se marcharon “con un citatorio para presentarse por los días en que se extienda la audiencia”.

Una de las razones para dejarlos en libertad es el reducido espacio en las celdas del OIJ. Además, no se solicitó prisión en contra de ellos.

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Tras las rejas

Los líderes de la organización de apellidos Camelo y García Jr., junto a otros siete integrantes de la banda quedarán tras las rejas mientras se realiza la audiencia y se confirma la prisión.

Lo harán junto a tres hombres y una mujer que trabajaban en el AyA y les ayudaban a ganar las licitaciones de obra pública, con lo que el grupo podía disponer del dinero en efectivo obtenido por el trasiego de droga y legitimarlo.

La investigación del Caso Azteca inició en 2019 cuando detuvieron a un mexicano con 195 kilos de cocaína en San José.

De acuerdo con la Fiscalía, el grupo, en apariencia dedicado a la posesión, almacenamiento, transporte y distribución internacional de drogas, estaba asentado en el Valle Central y en la costa pacífica del país.

“Presuntamente, la organización habría creado sociedades anónimas y tenía dos empresas constructoras, a través de las cuales lograba adjudicarse contratos públicos, para legitimar productos financieros por medio del Estado”, dice la investigación.

Ahí entraban las funciones de los personeros del AyA, que habrían facilitado la asignación de licitaciones a las empresas del grupo criminal. En algunos casos habrían propiciado un sobrecosto de precios en la elaboración de contratos.