Paulo Villalobos
Los jerarcas del Ministerio Público y el OIJ le pidieron al presidente de la República, Carlos Alvarado, recursos por ¢1.500 millones, desembolsables en el 2020 para las unidades anticorrupción del Poder Judicial.
Estos recursos entrarían a través de un presupuesto extraordinario para el 2020, en vista de que la regla fiscal le pone un tope al presupuesto ordinario del Poder Judicial de ¢470.000 millones para ese año.
Es por ello que tanto Emilia Navas del Ministerio Público como Wálter Espinoza, del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), acudieron directamente el mandatario, para pedir los recursos extra y fondear las unidades especiales de ambas oficinas.
Con los recursos se espera contratar 50 funcionarios para la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) así como otros 30 para la Sección Anticorrupción del Organismo de Investigación.
Esta última unidad fue creada por la Corte Plena el 4 de marzo pasado; no obstante, el 6 de junio los magistrados aprobaron por unanimidad una partida que no contempla nuevas plazas para conformarla. En cambio, dispone de un reordenamiento de puestos a lo interno de la Policía Judicial.
El presupuesto para 2020 en el Poder Judicial es por ¢470.000 millones -un 0,56% menos que el de 2019- y no contempla la creación de nuevos empleos en apego a lo dispuesto en la regla fiscal del Ministerio de Hacienda.
La herramienta limita las partidas de las instituciones de acuerdo a la realidad de las finanzas públicas.
“Tuvimos oportunidad de hablar con el presidente de la República sobre temas relacionados con corrupción y sobre el abordaje que le pretenden dar la Fiscalía y el Organismo de Investigación a ese fenómeno.
“Conversamos sobre algunos problemas presupuestarios que tiene el Poder Judicial y sobre la necesidad de que se apuntalen los presupuestos de estas dos entidades, fundamentalmente, para que el abordaje sea más efectivo, más acelerado y sobre todo más eficiente”, explicó Espinoza, consultado el lunes por El Observador.
El jefe de la Policía Judicial también manifestó que encontró una respuesta satisfactoria de parte de Alvarado, aunque admitió que no se comprometió a acoger todas las pretensiones.
Los temas discutidos en el encuentro ahora serán puestos en conocimiento de la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, quien determinará la forma en la que se procederá con la partida extraordinaria para su eventual discusión en la Asamblea Legislativa.
Nota del editor: Este artículo fue actualizado a las 12:47 del viernes 14 de junio.
Paulo Villalobos
