Tomás Gómez
La Sala Constitucional -conocida como Sala IV- validó las actuaciones de la Defensora de los Habitantes, Catalina Crespo, al cancelar el convenio que se tenía con la ONG internacional Hivos.
Se trataba de un acuerdo para trabajar temas de VIH-Sida que, a criterio de la Defensora, tenía problemas legales. Por esa razón el vínculo cesó a inicios de marzo, lo que incomodó a los diputados oficialistas.
El jefe de fracción del PAC, Enrique Sánchez, incluso denunció a Crespo ante la Sala IV. La acusaba de violentarle su derecho a la información.
En el escrito también señalaba a la Defensora de dañar la imagen de la institución y pedía que ella misma le contestara ocho preguntas sobre el convenio.
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Todos los reclamos fueron rechazados por los magistrados, quienes desestimaron el recurso.
“La Sala no constató lesión alguna a los derechos fundamentales del amparado, pues en la especie se verifica que la respuesta a la gestión de marras fue remitida al recurrente”, indicó la sentencia 6962-2021.
Defensora sostuvo que convenio era ilegal
El convenio sobre el VIH liderado por la ONG Hivos se mantenía desde el 2016. En él participaban otros entes como el Ministerio de Salud, la Caja Costarricense del Seguro Social, Ministerio de Justica, IAFA, Migración, IMAS y grupos civiles.
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En su ejecución, la Defensoría estaría asumiendo funciones de administración de recursos fuera de su competencia. Ello provocó la revisión del Departamento Legal y, con ello, el retiro del caso.
Además, Crespo insistió en tener menos capacidad insitucional luego de los recortes presupuestarios de este año.
El PAC lideró un proceso de destitución contra la defensora Catalina Crespo el año anterior pero no logró el objetivo (Asamblea Legislativa)
