Tomás Gómez
Al menos tres funcionarios del sistema de salud recurrieron a las vías legales para reclamar contra la obligación que tienen de ponerse la vacuna contra el covid-19.
Las acciones se presentaron ante el Tribunal Contencioso Administrativo y aunque aún les falta avanzar, los reclamantes ya tuvieron un primer fracaso.
Una asistente de laboratorio de apellidos Arroyo Steller, la cajera de una sucursal de la CCSS de apellidos Campos Araya y una funcionaria más de apellidos López Monge pidieron como medida cautelar -que rige de manera adelantada- ser eximidas de la vacunación, a lo que los jueces no accedieron.
Las funcionarias también pidieron que al menos se les permitiera escoger la marca de la vacuna, lo cual tampoco se les concedió.
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“Se pueden resumir los argumentos de rechazo de la siguiente manera: las resoluciones resaltan que se trata de un tema de salud pública, y que la actuación de los servidores del sector salud puede poner en riesgo a los demás”, indicó la Procuraduría, que actúa como abogado del Estado.
“Tampoco se demuestran los daños graves que se tendrían si la vacuna se pone al personal de salud; pues no existe prueba al respecto sobre un daño”, agregó.
Jueces recuerdan obligaciones a personal de salud
Tras analizar los diferentes recursos, los jueces coincidieron en que las empleadas públicas no lograron demostrar una afectación por la medida.
Una de ellas llegó a alegar que la situación en su trabajo se “hizo insostenible” y que se le presionaba hasta por correo. Esto no logró probarse.
Por el contrario, las sentencias ponderaron que al tratarse de una pandemia, el covid y sus vacunas son un tema mundial en el que además se espera la responsabilidad por parte del personal sanitario.
“La negativa de aplicarse la vacuna contra el covid-19 tiene implicaciones para la salud pública y para el servicio de salud de importante relevancia, dado que se trata de un miembro del personal de salud que mantiene contacto con los usuarios, pacientes, compañeros de trabajo, familiares y otras personas en sus actividades cotidianas.
Por tanto, tiene mayor posibilidad tanto de contagiarse como de contagiar a otras personas”, señaló la jueza Karen Calderón en la sentencia 200-2021-T.
“No se trata de un mero paciente o consumidor del producto médico. Se trata de una funcionaria que dentro de sus funciones debe atender pacientes y otro tipo de usuarios; que además debe mantenerse en un recinto laboral vulnerable al virus. Esa particularidad excede el ámbito meramente autónomo de la parte actora y produce el deber legal y reglamentario de cumplir con las inmunizaciones determinadas”, agregó.
En el voto 194-2021, la misma jueza advirtió que por su trabajo, el personal de salud “produce el deber legal y reglamentario de cumplir con las inmunizaciones determinadas por la autoridad competente, en aras de la protección de las demás personas, entre ellas, los grupos vulnerables al covid-19 en razón de factores de riesgo”.
La vacunación obligatoria también fue recurrida ante la Sala IV pero esta declinó tener competencia en la materia (Cortesía)
