Manuel Sancho
La discusión en torno a las limitantes del gasto público, que propone la regla fiscal incluida en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, sube de tono. Este jueves, el diputado del Frente Amplio, José María Villalta, presentó un proyecto de ley para modificar la mencionada regla, y – según él – “corregir errores y defender la inversión en gasto de capital”.
El congresista retomó observaciones y mociones que ya había hecho su agrupación durante la discusión de la reforma fiscal. Ahora pretende lograrlo por medio del proyecto de “Ley para Proteger y Estimular la Inversión Pública”, que se seguirá en el expediente 21.787).
“El proyecto corrige la redacción de la regla fiscal para evitar restricciones a la inversión de capital (gastos que se invierten en equipo, maquinaria, obra pública, etc.) cuando el endeudamiento alcance el 60% del Producto Interno Bruto, permitiendo al gobierno utilizar la inversión pública para estimular la economía”, justificó el Frente Amplio.
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El pasado 30 de enero, El Observador informó en exclusiva que el Gobierno del presidente Carlos Alvarado valora una reforma de la Ley, para suavizar la aplicación de la regla fiscal. El Poder Ejecutivo analiza la posibilidad, planteada por el fundador del Partido Acción Ciudadana (PAC) y representante ante el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Ottón Solís. El presidente Alvarado lo confirmó ayer en una gira en Puntarenas.
La regla fiscal es un límite al crecimiento del gasto del Gobierno, que se basa en el crecimiento de la economía, del Producto Interno Bruto (PIB). De esta manera, el aumento del presupuesto nacional está “amarrado” al comportamiento de la producción y de la deuda del Gobierno. Se contempla en el Capítulo IV de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, 9635.
Este componente de la reforma fiscal es especialmente importante para la formulación de los presupuestos de 2021 y 2022, dado el nivel de deuda respecto al PIB que estima el Banco Central para estos años, por encima del 60%.
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Solo restringir gastos corrientes
Ottón Solís realizó la propuesta al Gobierno, que lo valora. (Presidencia)
La iniciativa del frenteamplista modifica la redacción del inciso d) del Artículo 11 de la Ley N.º 9635, para que la norma aplique solamente a los gastos corrientes en vez de a los gastos totales. “De esta manera se protegería la capacidad del gobierno para realizar inversión de capital”, señaló la fracción.
“Frenar la inversión, más aún en momentos de bajo crecimiento económico, puede contribuir a intensificar la desaceleración de la economía. Por eso durante la discusión del plan fiscal advertimos la necesidad de evitar que la regla fiscal impidiera al Gobierno Central invertir en obra pública y estimular la economía. Esperamos contar con el apoyo de las demás fracciones”, señaló Villalta en un comunicado de prensa.
“(La regla fiscal) provocaría efectos perversos, afectando la evolución de niveles de inversión pública que ya son bajos, y derivando en una peligrosa dinámica procíclica, que podría impedir al Gobierno actuar de manera efectiva para reactivar la economía en periodos de bajo crecimiento económico y altos niveles de desempleo”, se lee en la justificación de la iniciativa.
Según estimaciones del Banco Central, en el 2020 el endeudamiento del Gobierno Central alcanzará el 60% del PIB.
Revise el proyecto completo aquí.
A más deuda, más estricta
Este componente de la reforma fiscal es especialmente importante para la formulación de los presupuestos de 2021 y 2022, dado el nivel de deuda respecto al PIB que estima el Banco Central para estos años, por encima del 60%.
En su artículo 11 la Ley especifica: “Cuando la deuda al cierre del ejercicio presupuestario, anterior al año de aplicación de la regla fiscal, sea igual o mayor al 60% del PIB, el crecimiento interanual del gasto total no sobrepasará el 65% del promedio del crecimiento del PIB nominal”.
La regla fiscal impone mayores restricciones cuando la deuda del Gobierno supera ciertos niveles. Por ejemplo, con un nivel de deuda baja, el gasto del Gobierno podría crecer 5,5%, el mismo ritmo de crecimiento que ha tenido el PIB en promedio durante los cuatro años anteriores.
En cambio, el tope al gasto corriente sería más estricto si el nivel de deuda llega al 30% del PIB. En este caso, tendría que restringir el crecimiento del gasto a 4,7%, o un 85% del ritmo de la actividad económica.
Cuando la deuda alcance un nivel del 45% del PIB, el tope al gasto corriente sería de 4,1%. Este sería el caso para el presupuesto del 2021, que se formularía durante el presente año.
Pero cuando el nivel de deuda alcance el 60%, la restricción se vuelve aún más severa. Primero, porque el presupuesto solo podrá crecer un 65% del ritmo del PIB, es decir un 3,6% con este ejemplo.
Además esta restricción ya no sería solo para el gasto en salarios y remuneraciones, sino que para el gasto total, con lo cual se limitaría también la inversión en infraestructura y otros gastos de capital.
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Manuel Sancho
