Hermes Solano
En 2017 el empresario dueño de Grupo Orosi, Eladio Araya, presentó una denuncia por supuestos favores que recibían las empresas Meco y H. Solís para lograr las licitaciones de los proyectos de obra pública.
Uno de los señalados en esa causa es un hombre de apellidos May Cantillano, gerente de la Unidad Ejecutora y de Coordinación entre el MOPT y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Anteriormente había sido funcionario de Conavi.
Según el reclamo, May se habría aprovechado de su puesto para beneficiar a una constructora en una licitación por encima de Grupo Orosi.
May Cantillano pidió una investigación ante la Fiscalía del I Circuito Judicial de San José contra Eladio Araya por falso testimonio, ofrecimiento de testigos falsos, falsas acusaciones, simulación de delitos, falsificación de documentos y uso de documento falso.
El abogado Fernando Apuy aseguró que Araya presentó la denuncia utilizando el nombre de otra empresa, así como la papelería.
Afirma que eso consta en la investigación realizada por el OIJ y que está en manos de las autoridades.
“La fiscal del expediente le solicita al OIJ realizar una investigación, pide al denunciante y el abogado presentar prueba y no tienen. Intentaron localizar a Eladio Araya y no aparece”, dijo Apuy.
La denuncia bajo el expediente 17-000091-1218-PE se acumuló al del Caso Cochinilla, el 19-000025-1218-PE.
Según el expediente del caso, del que El Observador tiene copia, lo señalado por el dueño de Grupo Orosi coincide con algunas de las prácticas que se denunciaron en 2018.
“…lo cual podría ser coincidente con lo denunciado precisamente por el empresario Eladio Araya Mena en la denuncia que interpuso bajo número único 17-000091-1218-PE, de que las adjudicaciones de estas licitaciones estuvieron empañadas de actos colusorios y de corrupción, por un lado, o en su defecto de ventajas indebidas por parte de la empresa MECO, por tener información de las líneas de la oferta de la competencia, que le permita modificar sus precios a fin de resultar favorecido”, dice el informe.
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El expediente
En la petición de investigación realizada May Cantillano se establece que la denuncia la interpuso una empresa llamada “Ingeniería Sismo Resistente Geotecnia y Pavimentos”.
Esa empresa no tenía nada que ver con Eladio Araya.
“El verdadero dueño de la empresa utilizada dice que no tiene que ver nada con la denuncia y aseguró que no era la primera vez que le sucedía una situación similar”, explicó el abogado.
Luego, se ubicó a los mensajeros que llevaron las denuncias al Ministerio Público, la Contraloría General de la República y la Asamblea Legislativa y uno aceptó pertenecer a Grupo Orosi.
El Observador intentó conversar con Eladio Araya este martes; sin embargo, su secretaria no estar disponible al número que se le llamó. El pasado 22 de junio tampoco se localizó cuando se intentó tener su versión sobre la misma denuncia.
A Araya, según el expediente de Cochinilla, la dueña de H. Solís, Mélida Solís, le ofreció ¢500 millones para que retirara una oferta en la que estaban licitando.
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Paralizada
Según el abogado de May Cantillano, la investigación pedida por su cliente fue paralizada en el Ministerio Público, por unirla a la causa de Cochinilla que se comenzó a investigar en 2018.
“El Ministerio Público la paralizó y nunca le dio curso. Están interesados en un expediente que aunque sabían que partía de bases falsas, pasó a segunda instancia”, mencionó.
Según Apuy, todo el Caso Cochinilla lo están sustentando en una denuncia que se dio con documentos falsos.
“Precisamente la discusión se centra en que se quiere sustentar una supuesta delincuencia organizada en un expediente con documentos falsos. La base, la génesis es una situación enteramente irregular, falsa, son denuncias falsas”, explicó.
El abogado aseguró que ellos presentaron pruebas como el informe del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, en el que dan certeza de que no hubo irregularidades en la actuación de su cliente.
Incluso dice que “existe una resolución de la Contraloría General de la República desestimando las denuncias y la apelación Grupo Orosi”.
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Investigado
May Cantillano fue uno de los 30 detenidos el pasado 14 de junio en los allanamientos realizados por el OIJ.
Según el expediente, el funcionario habría recibido dinero en efectivo y almuerzos para favorecer los intereses de Meco en los proyectos de modernización de la red vial cantonal.
La investigación indica que entre enero y agosto de 2020, May se habría interesado en la readjudicación de un proyecto a favor de Meco, otorgado en primera instancia a otra empresa.
Además, el funcionario habría intercedido para evitarle castigos a la misma empresa por irregularidades en la calidad de la mezcla asfáltica de proyectos en el Pacífico Central.
