Rodrigo Díaz
La Contraloría General de la República ha tenido conocimiento, desde hace mucho tiempo, de la relación existente entre la Fundación Omar Dengo y el Ministerio de Educación Pública (MEP).
Por eso, causó sorpresa que el pasado 13 de octubre el ente contralor emitiera la orden para desligar a la fundación de la implementación de la Red Educativa del Bicentenario. En su lugar, solicitó al MEP que asumiera esa función.
Es más, una semana antes de la orden al MEP, emitió una resolución dirigida específicamente a la fundación para hacer correcciones en la adjudicación de la red a la empresa Ufinet.
Además, la fundación está involucrada en el proyecto desde hace más de un año. En todo este tiempo la Contraloría no emitió directriz alguna de suspensión.
“Desde hace 30 años, existe una relación entre la Fundación del MEP, por lo que el esquema de trabajo no es nuevo”, apunto Marcelo Carvajal, gerente general de la organización.
Según el funcionario, la Contraloría ha tenido conocimiento de contratos, licitaciones que incluso ha aprobado, dentro del marco de la alianza entre la fundación y el MEP.
Añadió que esta relación incluso está por un mandato legal. Este fue establecido bajo acuerdo del Consejo Superior de Educación para que la fundación contribuya en la incorporación de la tecnología en los procesos educativos.
En el caso de la Red del Bicentenario, se trata de un proyecto que permitiría la conectividad de escuelas y colegios públicos del país a una red de internet de banda ancha y alta velocidad.
El proyecto se dividió en dos partes. Una está a cargo de la Fundación Omar Dengo, para conectar a 2.130 escuelas y colegios. La pretensión con el cartel era conectar las instituciones académicas a un ritmo de 300 por mes. Este ritmo de trabajo permitiría concluir la implementación en siete meses.
La otra parte está bajo la tutela de la Superintendencia de Telecomunicaciones con recursos del Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel). Hasta el momento, ya conectó 41 centros educativos.
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¿Transferencia indebida?
Carvajal señaló dos puntos de fondo de la Contraloría para ordenar que se apartara a la fundación del proyecto.
El primero es una transferencia indebida de competencias esenciales del MEP que solo pueden ser delegadas a entes privados bajo instrumentos jurídicos habilitadores. En este caso, acciones como el Programa Nacional de Informática Educativa, a cargo de la fundación, cuenta con el respaldo de ley.
Además, la supervisión de la implementación de la Red del Bicentenario no es una competencia esencial del MEP. La misma Contraloría la considera como una actividad conexa.
“Bajo este concepto, el MEP debería tener una fábrica de pupitres y encargarse de la red eléctrica de las escuelas”, adujo el gerente.
El otro punto que cuestionó el ente contralor fue la “nula participación del MEP” en el proceso.
De acuerdo con Carvajal es totalmente demostrable la participación del ministerio en todas las etapas y discusiones. Para ello se aportaron los documentos para fundamentar el recurso interpuesto por la ministra Guiselle Cruz.
El gerente de la Fundación insistió en que la red se trata de “una autopista”; es el MEP el que debe definir su uso educativo y administrativo
“Nuestro rol es facilitador. Tampoco vamos a sustituir las funciones de un operador de telecomunicaciones, sino que somos una unidad ejecutora.”, aclaró.
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No afectará operación
Carvajal negó que al salir de la Red del Bicentenario provoque problemas en la operación de la Fundación Omar Dengo.
Al no estar adjudicada, la Fundación no está incurriendo en mayores costos. Únicamente se dejaría de contratar a 13 técnicos, cuyo contrato vence en diciembre.
“La mayor consecuencia negativa es para los estudiantes. Es un proyecto que urge para resolver el apagón educativo que se vivió en los últimos años”, reflexionó el funcionario.
La Fundación Omar Dengo está a la espera de que la Contraloría resuelva la apelación presentada por el Ministerio de Educación Pública el 15 de octubre.
Su plazo de resolución sería de un máximo de un mes. El órgano contralor no se referirá al recurso mientras se encuentre en análisis.
(Archivo/El Observador)
Rodrigo Díaz
