Tomás Gómez
Uno de los componentes más indispensables para el tren eléctrico que promueve el Gobierno son los miles de millones que se requerirán para el proyecto. Los diputados tienen que darle vía libre a estos recursos.
El megapréstamo para la obra permanece de momento en la Comisión Legislativa de Infraestructura, y el tiempo para decidir sobre él comienza a agotarse.
Según la normativa legislativa, el plazo para dictaminar el texto vence el 1° de noviembre; es decir, en dos semanas.
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Si llegada esa fecha no hay pronunciamiento, el foro de diputados se verá obligado a votar las mociones sin discutirlas y, luego, emitir su recomendación para el Plenario, ya sea positiva o negativa.
“No hay prórroga. Ya se la había hecho la extensión vía artículo 80 del Reglamento entonces no es posible prorrogarlo más. Si o sí hay que verlo ya sea para dictaminar a favor o en contra”, explicó la diputada liberacionista Paola Valladares, presidenta de la Comisión.
Histórico préstamo
Los recursos para arrancar con el tren provienen de un préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
Se negociaron $550 millones, que lo convierten en el segundo empréstito más grande en la historia de la institución.
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De ese monto, $250 millones tendrán condiciones especiales pues el Fondo Verde del Clima, una dependencia la ONU para temas de cambio climático aceptó alivianar las condiciones por ese monto. La oficina, además, donará $21,3 millones al proyecto.
Más dudas para el tren
El Gobierno insiste en avanzar lo más posible con el proyecto del tren antes de que termine su periodo. El propio presidente Alvarado lo ha definido como el principal plan de reactivación económica y la Primera Dama Claudia Dobles lo ha comparado con las zonas francas.
Dicho optimismo, sin embargo, ha chocado con diversas revisiones técnicas tanto locales como extranjeras.
Prestigiosos entes como el BID hallaron errores en temas como el cálculo de la demanda y advierten sobre riesgos de que el país asuma una deuda de ese calibre.
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A lo interno del país instituciones como la Contraloría y la Aresep han hecho sus propias advertencias.
La Contraloría exigió actualizar los cálculos de riesgos, contingencias fiscales y estudios para confirmar la modalidad de contratación administrativa idónea para desarrollar el proyecto.
Desde la Aresep, por su parte, se insistió en recomendar la construcción del tren por etapas.
La presidenta del Incofer, Elizabeth Briceño, lidera actualmente una gira por España, Francia y Corea del Sur donde buscan empresas interesadas en el proyecto del tren (Presidencia)
