Hermes Solano
En medio de la investigación del Caso Cochinilla, la dueña de la empresa H. Solís, Mélida Solís y el gerente financiero del Conavi, Carlos Solís, deberán enfrentar una causa por un supuesto pago irregular de una factura por ¢1.000 millones que se hizo hace 10 años.
El hecho se remonta a diciembre de 2011, pero fue hasta julio de 2015 cuando la Contraloría General de la República presentó la denuncia ante la Fiscalía adjunta de probidad, transparencia y anticorrupción.
La Fiscalía indicó que “se investigó y acusó el delito de pago irregular de contratos administrativos” pasando el caso al Juzgado Penal del II Circuito Judicial de San José.
El 16, 17 y 18 de agosto se realizará la audiencia preliminar, según confirmó la oficina de prensa del Poder Judicial. En esa audiencia se define si el caso va a juicio o las partes concilian.
Además de los dos imputados señalados en la causa están involucradas otras tres personas que en ese momento eran funcionarios de Conavi.
Se trata del entonces gerente de Conservación de Vías y Puentes, Marco Rojas Jenkins, y la analista presupuestaria Ana Ivette Campos Cerdas, además de la jefa de ejecución presupuestaria, Málaky Mary de Fátima Aiza.
Estas personas no formaron parte del grupo de los imputados por el Caso Cochinilla.
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La CGR hizo la denuncia en 2015.
El caso
Consultada la Contraloría, indicaron a través del departamento de comunicación que el caso se encuentra en una etapa intermedia, es decir, de cara a la audiencia preliminar y que no se pueden dar a conocer detalles.
Eso sí, los delitos imputados son: pago irregular de contratos administrativos e influencia en contra de la Hacienda Pública.
“Respecto al fondo del asunto, debido a la etapa procesal en la que se encuentra el expediente judicial, este es de acceso privado (sólo para las partes intervinientes), ello de conformidad con el artículo 295 del Código Procesal Penal, por lo que no se pueden brindar mayores detalles”, indicó la CGR.
Los hechos se presentaron en diciembre de 2011 cuando el gobierno central disfrutaba de sus vacaciones.
Según el relato descrito por el Semanario Universidad en 2016 y de acuerdo con la acusación realizada por parte de la CGR, los funcionarios de Conavi ignoraron sus vacaciones y se presentaron a trabajar para beneficiar a la empresa constructora.
Ahí tramitaron el cobro por ₡956,6 millones para el supuesto gasto de cemento en favor de H. Solís, como parte del proyecto para la ampliación y reparación de la ruta Bernardo Soto, en el tramo Aeropuerto Juan Santamaría-Manolos.
Esas obras fueron concluidas hasta en abril de 2013, aunque en el trámite de esa factura, que se hizo dos años antes, se aseguró que estaban terminadas.
La denuncia
Según la denuncia interpuesta inicialmente, las 5 personas investigadas eran parte de “un plan delictivo” que hizo al Estado desprenderse ilegalmente de los casi mil millones de colones y “tardar 18 meses en poder recuperarlos mediante rebajos a otras facturas posteriores”.
La denuncia de la CGR indica que los investigados Aiza Campos y Solís Murillo irrespetaron condiciones que ellos mismos habían escrito y avalado en el contrato.
“Tramitan de forma irregular y obviando todos los requisitos necesarios en cuestión de días el pago del rubro del cemento Portland, por una cantidad de más de 5.000 toneladas, las cuales no se habían recibido y lo que es más gravoso, pagando la totalidad del mismo”, se lee en la demanda, según contó Semanario en aquella oportunidad.
Se intentó conocer la versión del abogado de los funcionarios de Conavi; sin embargo, al cierre de la nota no hubo una respuesta.
En cuanto a la participación de la dueña de la empresa constructora, esto decía la denuncia, según lo contó el medio de comunicación.
“La señora Solís firma la factura irrespetando el trámite respectivo pese a que conocía que no procedía dicho cobro y logrando el beneficio del pago de la factura mediante un trámite bastante célere”, indicaba la acusación.
“Ya que de igual manera en el plan delictivo los funcionarios procedieron a aprobarla y ordenar su pago de forma irregular en un tiempo récord e incluso en días de vacaciones colectivas, cometiéndose el delito de pago irregular de contratos administrativos”, se añadió.
En 2016, hace 5 años, la empresa H. Solís rechazó los cargos que hizo la Contraloría General de la República.
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Mélida Solís salió este martes del Centro Penitenciario Vilma Curling.
En el “ojo del huracán”
En medio del considerado más grande escándalo en la función pública de los últimos años, tanto la dueña de H Solís como el gerente financiero de Conavi, ahora suspendido, enfrentarán este caso.
El gerente financiero del Consejo Nacional de Vialidad fue señalado por pedir y recibir dádivas para acelerar el trámite de pago de facturas hacia las empresas.
En el expediente de investigación del caso se dice que recibió dinero en efectivo -que él pidió en varias ocasiones- así como botellas de licor, almuerzos y hasta favores sexuales.
Solís salió de las celdas del OIJ el pasado sábado con medidas cautelares como impedimento de salida del país, suspensión del cargo y no acercarse a Conavi.
Por su parte, la empresaria salió de prisión hasta este martes, luego de que se acreditara la fianza de $3 millones. La duela de H. Solís también tiene impedimento de salida del país.
Ambos le harán frente en agosto a la audiencia preliminar por el caso de 2011, mientras esperan el proceso por el Caso Cochinilla.
