Tomás Gómez
La ministra de Planificación, Laura Fernández, dejó claro que si bien hay disposición para hacer ajustes en materia de Empleo Público, el Gobierno sigue adelante en el proceso de implementación de la normativa aprobada a inicios de año como parte del Acuerdo con el FMI.
“Lo que yo tengo que hacer en el marco del Estado de Derecho es cumplir la ley y la ley es la que está vigente y hacia eso nos vamos a abocar”, dijo la jerarca.
Sus declaraciones las dio tras un encuentro entre Mideplan y los sindicatos donde se conversó sobre la normativa.
La meta, según dijo, es aclarar todas las dudas para ver posibles ajustes que podrían hacerse en el camino.
“Yo no estaría con en contra de presentar alguna reforma puntual o incluso algunas normativas conexas que haga falta complementar esta ley”, resaltó.
Durante el encuentro celebrado en el Colegio de Abogados algunos representantes sindicales fueron bastante críticos con la normativa y hasta sugirieron una derogatoria.
No obstante, la ministra Fernández recordó que se trata de un proyecto qué pasó el filtro de la Sala Constitucional y que ha tenido amplio espacio de debate.
“La principal negociación de esta ley ya se dio en el marco de la Asamblea Legislativa. Yo ahora lo que tengo es una ley aprobada que ya pasó el dos ocasiones por el control de constitucionalidad.
“Sin embargo en la parte que a mí me corresponde como jerarca que es la reglamentación y la implementación de las tareas que esa ley le designa a Mideplan”, reiteró.
Finalmente la jerarca mostró su intención de avanzar en el reglamento de la ley, que tendría que presentarse en septiembre del 2023. Esto aduciendo que busca generar la mayor seguridad jurídica.
Un año de espera por ley de los ¢400.000 millones
La Ley Marco de Empleo Público se promovía desde el 2018 como un complemento esencial de la Reforma Fiscal.
El gobierno de Carlos Alvarado presentó un primer borrador en 2019. Pese a otros intentos, estos siempre fracasaron. Un nuevo aire al plan llegó en 2021 al incluirlo como el principal componente del Acuerdo con el FMI.
Eso permitió avanzar en su debate y en junio del 2021 se aprobó en primer debate. Llegó entonces una revisión en la Sala IV que señaló algunos ajustes y permitió reiniciar la discusión hasta su aprobación definitiva en marzo anterior.
Oficialmente se espera que a ley genere un ahorro de entre 0,80% y 1,03% del PIB. Cada punto del PIB ronda los ¢400.000 millones.
Una de las principales metas sería el bajar la carga que representan los salarios públicos en la recaudación.
Solo en 2021, por ejemplo, el 47% de los ingresos tributarios se fue en remuneraciones y la proyección para el 2022 es que la cifra ronde el 45%.
Por el tipo de ley, la misma entrará a regir en marzo del 2023 y en un plazo de seis meses deberá tener el reglamento clave que permita su aplicación.
