Paulo Villalobos
El Poder Ejecutivo se excede en las contrataciones directas entre sus instituciones, tales como la que protagonizaron la Dirección General de Migración y Extranjería y Radiográfica Costarricense S.A. (Racsa) para un centro de datos el mes pasado.
Así se lo hizo ver el presidente de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep), Gonzalo Delgado, al presidente Carlos Alvarado en una misiva enviada la semana pasada.
Esta maniobra, en la que las entidades públicas se acogen al artículo 2 de la Ley de Contratación Administrativa así como de la directriz 023-H (del 20 de abril de 2015), contravienen la generación de empleos, según el empresario.
La norma en cuestión establece las excepciones para los procesos contractuales que involucren fondos públicos.
Ello, a criterio de la Unión, ha permitido obviar procesos de licitación, al tiempo que promueve el uso de convenios entre entes estatales. Lo anterior en perjuicio de que se garantice una administración eficiente de recursos.
“Esta situación es incongruente con la coyuntura que atraviesa Costa Rica, pues estamos en un momento donde se necesita dinamizar la economía y las contrataciones directas solo estancan ese proceso y privan a miles de costarricenses de obtener un empleo. Ya sabemos que el sector público no contrata personal para los diferentes proyectos que tienen a cargo. Este tipo de contrataciones entre instituciones del Estado, son cerradas y poco transparentes y encima de poco ayudan a la dinamización de la economía nacional”, manifestó Delgado.
La preocupación del sector privado ya fue puesta en conocimiento del mandatario en dos ocasiones adicionales a la carta.
Casos denunciados
La Unión de Cámaras detalló en un comunicado algunos ejemplos de contrataciones directas recientes:
- Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) recibió ¢1,4 billones por 60 adjudicaciones en 2018.
- Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart) obtuvo ¢3.093 millones por sus servicios como agencia de publicidad (la nota de prensa no especifica el periodo).
- Radiográfica Costarricense fue contratado en 2019 por ¢5.049 millones para un servicio de centro de datos.
Esos casos se suman a una denuncia contra el Estado, presentada
ante la Comisión para Promover la Competencia, por la Unión. Esta refiere a 46 contrataciones directas ocurridas entre 2014 y 2016 por más de ¢32.000 millones en telecomunicaciones, tecnología y sistemas informáticos.
“Dicha cantidad de dinero, en proyectos realizados por el sector privado, hubiese desencadenado la contratación de muchas personas. Es evidente que se le está quitando productividad al país y como sector privado nos resta competencia. No se debe olvidar que son las empresas las encargadas de generar riqueza y pagar impuestos”, sostuvo Delgado.
Ante ello, el presidente de la cúpula empresarial llamó a respetar los criterios de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE, a la cual Costa Rica pretende integrarse) sobre contratación administrativa. Estos procuran procesos abiertos a la competencia, transparentes y no discriminatorios; en beneficio para la sociedad.
Paulo Villalobos
