Paula Ruiz
El Gobierno accedió a la petición de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) para aplicar la cláusula de escape al Consejo Nacional de Producción (CNP) de la regla fiscal.
En una carta enviada a Silvia Hernández, presidenta del Congreso, tanto el mandatario Carlos Alvarado como Elián Villegas, ministro de Hacienda le informan la decisión tomada.
La cláusula de escape para el CNP es por ¢42.848 millones para el ejercicio presupuestario del año 2021.
La disposición se basa en la aplicación de Ley 9635 artículo 16 inciso a) donde se permite aplicar la cláusula en caso de declaratoria de emergencia nacional “y cuya atención implique una erogación de gasto corriente igual o superior al cero coma tres por ciento (0,3%) del PIB”.
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La Ley obliga al Poder Ejecutivo a comunicar a la Asamblea Legislativa el límite máximo que se aplicará como cláusula de escape en el período de emergencia.
Desde marzo de 2020, hay una declaratoria de emergencia nacional producto de la atención de la pandemia.
Esto ha llevado al CNP a un incremento en obtención de materia prima para atender la pandemia.
En específico, la Fábrica Nacional de Licores (Fanal) incrementó la producción de alcohol, así como el aumento de proveedores para el Programa de Alimento Institucional (PAI).
De esta forma, el Consejo pudo apoyar a la CNE en la atención de la emergencia.
Listo el segundo intento
La aplicación de la cláusula de escape se da luego de que Hacienda rechazara la petición de la Junta Directiva de CNP para ser excluidos de la aplicación de la regla fiscal.
Como segunda opción, la CNE recomendó al Poder Ejecutivo, aplicar la cláusula de escape.
El sindicato de trabajadores del CNP aseguró que producto de aplicar la regla fiscal hubo una disminución presupuestaria de ¢35.000 millones. Por su parte, la Fanal tuvo una reducción de ¢6.200 millones.
José Almícar, subgerente General del Consejo, advirtió que de no atenderse esta situación, el CNP tendría un cierre técnico al no poder hacer frente a sus obligaciones.
También INA y MEP
Alvarado y Villegas también informaron sobre la aplicación de esta cláusula para el Ministerio de Educación Pública (MEP) y el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA).
En cuanto al MEP, será por ¢41.518 millones para la compra de implementos de limpieza e higiene en centros educativos.
También, “para darle continuidad al servicio de alimentación en el marco de la emergencia por COVID-19 y la estrategia Regresar del MEP y el pago de servicio de conectividad a Internet para los diferentes centros educativos del país”, indica el documento.
En cuanto al INA, será por ¢20.000 millones exactos para el ejercicio presupuestario del 2022.
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“Con el fin de ampliar la cobertura y servicios para un mayor reforzamiento de la empleabilidad de las personas, a través de servicios de capacitación y formación profesional que les doten de las competencias necesarias para insertarse al mercado
laboral”, señala el oficio
“Y desarrollarse en este de forma efectiva, extendiendo la cobertura de servicios
de capacitación, formación y apoyos complementarios durante la recuperación de la
emergencia por covid-19”, agregó.
En ambos casos, también se establece como marco para su justificación, el decreto de emergencia por la pandemia.
MEP adujo que requería la cláusula de escape para la compra de insumos de limpieza producto del covid-19. Imagen con fines ilustrativos.
